Uno de los desafíos fundamentales que enfrenta cualquier sistema electoral del  mundo es el relativo a la regulación del financiamiento de las actividades partidistas y de los candidatos independientes. La pregunta relevante es: ¿qué fuentes de recursos son legítimas y cuáles no en la competencia por los votos del electorado?

En nuestros país, como es bien sabido, hace tiempo se decidió privilegiar el financiamiento público por encima del privado y por ello, al menos los partidos políticos y sus candidatos, se encuentran sujetos a una estricta regulación que impide el ingreso indiscriminado de recursos privados a las campañas políticas.

Pero una vez que se ha tomado la decisión de que la fuente fundamental de recursos para financiar la actividad política sean los impuestos que pagamos los contribuyentes, lo que sigue es determinar la forma en la cual deben distribuirse éstos entre quienes aspiran a la representación política en los poderes Ejecutivo y Legislativo.

¿Cuál es la fórmula adecuada para garantizar una contienda equitativa, característica que –al menos en teoría– constituye un presupuesto de la democracia electoral?

La respuesta a dicha pregunta tiene múltiples respuestas, incluso en nuestro país, y en Coahuila tiene algunas particularidades significativas, como es el hecho de que los partidos sin representación en el Congreso no pueden acceder a la bolsa de recursos destinada al financiamiento de campañas.

Vale la pena tener claro que, independientemente de cuántos partidos y/o candidatos tengan acceso a dicha bolsa, el costo fiscal que la misma tiene es exactamente el mismo, razón por la cual a los contribuyentes nos da igual si los recursos deben ser divididos en 10 o en 15 porciones.

Por ello es que, desde la perspectiva de los ciudadanos lo que valdría la pena discutir es si negarle recursos a un partido porque no tiene representación en el Congreso vuelve mejor o peor nuestra democracia. Esto, a propósito de la determinación que ayer tomó el Instituto Electoral de Coahuila de recortar los recursos originalmente otorgados a cuatro partidos políticos, uno con registro nacional y tres de carácter estatal.

Valdrá la pena analizar si este acto volverá más equitativa la contienda o le otorga ventaja a los partidos que sí acceden a las prerrogativas, sobre todo en el caso de los partidos estatales, pues el Partido de la Revolución Democrática, único partido nacional al cual se le recortaron las prerrogativas, aún puede acudir a su dirigencia nacional.

La decisión, según se ha anunciado ya, será controvertida ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Habrá que estar atentos, por supuesto, a la resolución que dicho órgano emita en su momento, pero más allá de ello valdría la pena que se alentara una discusión seria respecto del fondo del asunto, es decir, respecto de cuál es la fórmula más justa de distribuir un recurso que de todas formas se va a gastar.