Por: DAVID MUÑOZ

El pasado 18 de mayo un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumatzá en Chiapas que se manifestaba en la autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristobal de las Casas, fue reprimido por elementos de la  policía estatal del gobernador morenista Rutilio Escandón.

Posteriormente, un Juez de Control dictó prisión preventiva oficiosa en el centro penitenciario El Amate a 93 estudiantes, tras calificar de legal la detención y formularse la imputación, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

A los jóvenes se les acusa de motín, pandillerismo, robo con violencia, daños, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado.

Los estudiantes que fueron detenidos por orden del gobernador Rutilio Escandón, pedían entre otras cosas, cesara la obligación de realizar un examen de ingreso audiovisual y buscaban que este fuera presencial, ya que muchos de ellos no tenían acceso a herramientas tecnológicas debido a que la comunidad rural en la que viven no cuenta con ellas.

Extraoficialmente se habla de que los estudiantes fueron víctima de abusos policiacos, cuyas denuncias sobre supuestos actos de malos tratos, violencia sexual, abusos de poder y uso excesivo de la fuerza han llegado a la ONU.

Este domingo, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó su preocupación por el destino de los 93 estudiantes, 72 de ellos mujeres, que llevan detenidos desde el martes por participar en protestas y han denunciado ser víctimas de abusos.

"La información que hemos recibido es preocupante y es fundamental que las alegaciones por abuso no sean ignoradas, sino tomadas con toda la seriedad e investigadas de forma diligente", afirmó Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la oficina, quien añadió que "es especialmente importante garantizar que las mujeres privadas de la libertad estén protegidas contra cualquier posible acto de violencia sexual o de discriminación por motivos de género".

Al principio, se contabilizaron cerca de 120 desaparecidos, a los cuales se les designó de esta manera por desconocer su localización inmediata, según cuenta Diego Cadenas, miembro del Colectivo Comité de Derechos Humanos Ku´untik, quien además ha fungido como asesor legal de este movimiento y otros en  Chiapas. 

Cadenas logró la obtención de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la reparación de daños por la desaparición forzada de 120 personas, donde solo se ubicaron 95 apresados. 

Respecto a dos menores de edad aprehendidos, estos fueron liberados, y cabe mencionar que la mayoría de los detenidos son mujeres . 

Los reportes que se han obtenido es, que mujeres, fueron abusadas sexualmente por elementos policiacos que las capturaron, siendo por esta situación vinculados a proceso tres elementos policiacos.

Nosotros como activistas, nos cuestionamos cómo un gobierno de izquierda sigue haciendo uso de la fuerza por delitos tan absurdos y obtusos como "motín" y "pandillerismo", cuando elementos de Morena participaron en este tipo de manifestaciones que los llevaron al triunfo. 

Veamos, la palabra "motín", según el Código Penal de Chiapas en su artículo 353, prácticamente condena cualquier acto de protesta o de movilización de descontento, siendo la sanción mínima de dos años y la máxima de nueve años de cárcel... Algo más sancionado que el delito de robo, por lo que queda claro que este es un delito fabricado para los movimientos sociales presentes y futuros. 

El delito de pandillerismo normalmente solo es aplicado a conveniencia de las autoridades contra los sectores populares o en pie de lucha.

Desde Saltillo, nos solidarizamos con la lucha de los más pobres, como los compañeros estudiantes normalistas de Mactucmatzá, en Chiapas, y los calificamos como presos políticos y de conciencia, siendo, además, imputados por ser pobres, pues no hay que olvidar que el estado de Chiapas es número uno en la carencia de internet en la mayoría de las viviendas. 

LAS ESCUELAS NORMALES RURALES EN MÉXICO

Las Escuelas Normales Rurales en México fueron fundadas en 1922, y surgieron para formar maestros provenientes de las clases sociales humildes campesinas para que posteriormente impartieran clases a los niños de las áreas rurales de las cuales habían emergido.

Fue durante la época del Presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) cuando se instruye la educación socialista y el materialismo dialéctico, dando una nueva perspectiva a los estudiantes normalistas de las Escuelas Normales Rurales.

En 1935 estas escuelas se aglutinan en la Confederación de Estudiantes Campesinos de México siendo, junto con las diversas normales, gestores de varios movimientos sociales políticos, armados y pacíficos, siendo algunos de los egresados más famosos Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas, quienes egresaron de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Guerrero. 

Cabe destacar que los estudiantes que conforman las Escuelas Normales Rurales siempre han sido "la piedrita en el zapato" para las entidades federativas y el gobierno federal por sus acciones fuera del pacifismo obtuso, ya que normalmente recurren a diversas movilizaciones para lograr sus propósitos.

El caso más tristemente recordado y reciente es el de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero, donde a seis años de su desaparición no existen respuestas.