El Congreso del Estado aprobó un Punto de Acuerdo del Presidente de la Junta de Gobierno Emilio de Hoyos, para buscar que la Federación explique cuáles serán las repercusiones económicas y medio ambientales derivadas del “Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”.

El exhorto va dirigido a la Presidencia de la República, así como a los titulares de las Secretarías de Economía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal.

El pasado 15 de mayo pese a las advertencias y recomendaciones de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, se publicó dicho acuerdo que, según especialistas, tendrá un impacto en el desarrollo y la operación de la industria de energías renovables instalada y en proceso de instalación en el país.

De Hoyos mencionó que el cambio climático y la consecuente necesidad mundial de transitar a un modelo sustentable de energías renovables y limpias, ha desarrollado en las últimas décadas una industria de energías como la solar y la eólica.

“Y México ha sido testigo de ello recibiendo inversiones extranjeras y nacionales importantes, con el fin de instalar esta industria en el país”, señaló.

COAHUILA: OBJETO DE INTERÉS

Citó el caso del parque solar de Matamoros, el parque eólico en los límites de General Cepeda y Ramos Arizpe, o el parque eólico en Acuña, el más grande de México y los cuales además de brindar grandes ahorros a los consumidores, constituyen inversiones millonarias por más de 600 millones de dólares, y generan empleo y derrama económica para el Estado.

De Hoyos Montemayor dijo que resulta preocupante que mientras la tendencia internacional apunta a que la industria de energías renovables solar y eólica espera un mayor crecimiento, medidas como esta dañan considerablemente a un sector que reclama marcos regulatorios coherentes.

“Preocupa por demás, que la nueva política energética carece de una Manifestación de Impacto Regulatorio cuando menos, y por otro lado tampoco dimensiona las posibles cargas multimillonarias que tendrá el Estado Mexicano en cumplimento de laudos arbitrales que sin duda serán condenatorios”,  dijo.