La organización Amnistía Internacional (AI) aseguró estar preocupada por el posible uso de recursos judiciales para inhibir la libertad de expresión en México, por lo que urgió a las autoridades mexicanas a garantizar que el sistema de justicia civil no sea utilizado para hostigar y desacreditar a los periodistas, esto tras la demanda de Humberto Moreira en contra del periodista Sergio Aguayo.

“Toda persona tiene derecho a la protección de su honra y reputación, lo cual en ocasiones puede requerir la eventual intervención del sistema de justicia civil. Sin embargo, en este caso particular Amnistía Internacional está preocupada por el posible uso de recursos judiciales para inhibir la libertad de expresión en México”, señaló la organización civil.

La demanda en contra de Aguayo exige una retractación de su opinión y el pago de al menos 550 mil dólares (más de 10 millones de pesos mexicanos) por concepto de reparación. Para pedir dicho monto, asegura en un comunicado la organización, el exgobernador ha pedido al juez que no se aplique el límite máximo que la ley mexicana establece para este tipo de demandas, un monto que ronda los mil 400 dólares (una cifra cercana a los 26 mil pesos mexicanos), según AI.

Dicho recurso legal fue presentado el pasado 28 de junio y aceptado el día 30 en el Juzgado 15 de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia capitalino (TSJDF), luego de que el también exlíder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijera sentirse lesionado emocionalmente por un artículo en el que Aguayo dijo que Moreira “desprende el hedor corrupto”.

Además, Moreira ha anticipado que procederá legalmente de nuevo en contra de Aguayo “por las nuevas infamias que ha vertido contra mi persona”, afirmó.

Al respecto, Amnistía Internacional consideró que “la suma exigida como reparación en la demanda es excesiva y podría constituir una forma de sanción e intimidación con efectos inhibitorios de la libertad de expresión en el debate público”.

Por ello, AI hizo un llamado a las autoridades mexicanas para que se aseguren de que “el sistema de justicia civil no sea utilizado para hostigar y desacreditar a las voces críticas mediante la imposición de sanciones civiles que derivan exclusivamente del ejercicio pacifico de los derechos humanos”.