La iniciativa del gobierno de México para limitar la subcontratación o tercerización “tiene lógica”, porque no sólo en el país, sino en toda la región, esos esquemas “han abierto la puerta a la precarización laboral”, sostuvo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (Cepal).

En conferencia de prensa reconoció que puede haber empresas que saben llevar los “derechos de sus trabajadores con altura, pero en el caso de México la tercerización había llegado a un punto en que prácticamente toda la plantilla laboral podía funcionar con este esquema, no había equilibrio”.

Actualmente, México discute en parlamento abierto las modificaciones al esquema de outsourcing. En noviembre el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una reforma que buscaba limitarlo a casos específicos y evitar que existieran empresas dedicadas sólo a la subcontratación. Cámaras empresariales han buscado frenar los cambios.

Bárcena subrayó que en México el personal que presta sus servicios bajo la figura de outsourcing alcanza 25 por ciento del total ocupado –uno de cada cuatro– y esto se traduce en una caída importante en las remuneraciones a la seguridad social. “Esto también ocasiona pobreza”, aseguró. Dijo que si bien las empresas buscan la subcontratación porque les permite abatir costos, “la verdad es que se profundiza la desigualdad funcional, esta desigualdad entre capital y masa salarial”.

La secretaria ejecutiva de la Cepal matizó que no “se trata de perder empleos, de que las empresas decidan cerrar”, porque también enfrentan la crisis; sin embargo, a su parecer, la iniciativa pretende limitar la precarización y propiciar derechos laborales. Eso se traduce en acceso a jubilación, reparto de utilidades y evitar la creación de empresas fantasmas que no asumen responsabilidades en los despidos, agregó.

“Creo que lo que se está buscando es mejorar la regulación laboral, avanzar hacia un mercado de trabajo más decente, de pago igualitario y garantizar derechos, tampoco se trata de abusar. Hubo un momento en que muchos sindicatos abusaron de sus derechos y privilegios.”

Reconoció que la Organización de Naciones Unidas usa la tercerización para bajar costos o respetar el esquema de trabajo de un prestador de servicios, pero eso no quiere decir que con ello no “se garanticen los derechos esenciales de los trabajadores”.

Al presentar el informe especial La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad, la Cepal expuso que México es el país de la región donde más reducida fue la participación de las mujeres en el mercado laboral con la pandemia. Con datos a mayo, sólo 35.3 por ciento de la población femenina en edad de laborar tenía empleo.

La organización argumentó que es necesario promover el acceso a 21 por ciento de las mujeres que pueden teletrabajar y para ello se deben reducir los costos de acceder a un servicio de telecomunicaciones, ya que adquirir banda ancha fija cuesta 8.7 por ciento del ingreso en los hogares del quintil más bajo y el costo se duplica para servicios móviles.