El pasado miércoles 28 de marzo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), remitió al Congreso de la Unión lo que se conoce como los Pre-Criterios Generales de Política Económica. 

Este documento viene a ser un preámbulo del contenido de los Criterios Generales de Política Económica (CGPE), el cual forma parte del Paquete Económico que el Ejecutivo entrega al Congreso cada año, y en el cual se asienta el escenario económico que se visualiza para el siguiente ejercicio fiscal, incluyendo las estimaciones de las principales variables macroeconómicas que inciden en el presupuesto público.

La citada ley, pone como plazo límite el 1° de abril, para que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda remita al órgano legislativo dicho documento, que tiene como intención el tener un primer acercamiento entre ambos Poderes de la Unión, con el fin de promover un ambiente de mayor entendimiento para la elaboración del Paquete Económico.

En condiciones normales, una vez remitidos los Pre-Criterios, existe un periodo de seis meses entre esta fecha y el plazo límite con el que cuenta el Ejecutivo – 8 de septiembre a más tardar de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) -, para enviar formalmente la propuesta del Paquete Económico al Congreso de la Unión, en el entendido de que durante dicho lapso, el entono macroeconómico seguramente cambiará y con ello las estimaciones contenidas en la versión final de los CGPE.
Sin embargo, al ser un año en el cual hay cambio de poder en el Ejecutivo Federal, los plazos de entrega del Paquete Económico y la lógica de su integración se ven alterados. En estos casos, la CPEUM en el artículo 74, señala lo siguiente: “Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre”.

De tal forma que es probable, y más en el caso de que exista cambio de partido en la Presidencia, que los objetivos, supuestos y estimaciones utilizadas en los Pre-Criterios, sean tirados a la basura, reformulados y sustituidos por otra orientación de política económica que tenga en mente otros objetivos. Lo anterior podría llevarnos a la conclusión de que no tiene sentido que la ley obligue a un gobierno saliente a que remita los Pre-Criterios, si es muy probable que el que llegue después altere todo.

Aunque dicha afirmación tiene mucha lógica, también esta circunstancia la podemos aprovechar como sociedad para escudriñar con lupa a los candidatos y sus propuestas en estos temas. Es decir, más allá de la demagogia barata y de los lugares comunes de bajar impuestos, aumentar el gasto público para los que menos tienen, grandes obras de infraestructura y disminuir la deuda; sería interesante que los candidatos se comprometan y digan si están de acuerdo o no, con cifras e indicadores concretos.

Por ejemplo, en los Pre-Criterios, Hacienda propone para el 2019, un nivel de déficit fiscal – medido a través de su indicador más amplio, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) – de un 2.5% del PIB, igual al estimado para este año. De igual manera propone un superávit primario (saldo sin considerar el pago de intereses de la deuda pública) del 0.9% del PIB, superior el 0.8% proyectado para el 2018.

Lo anterior nos llevaría, según Hacienda, a que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), el indicador mas completo de la deuda pública, descienda en 2019 a 45.2% del PIB, desde el 45.5% que se estima cierre este año. 

Por tanto, esperaremos a ver si a los candidatos les interesa confrontar sus propuestas con las cifras de Hacienda y cuantificar sus promesas. ¿Están de acuerdo en disminuir el déficit fiscal y la deuda pública a esos niveles?, ¿cómo lo van a lograr?. Si no están de acuerdo, ¿qué nivel les gustarían? 

Insumos e información en materia económica hay mucha, solo es cuestión de tomarla, analizarla y comprometerse en metas puntuales y dejar de lado los lugares comunes. En la medida en que las promesas se centren en cifras puntuales, se enriquecería el debate. Se entiende que no toda la población pueda entender conceptos técnicos, pero ello no le resta seriedad a las propuestas bien fundadas. 

Catedrático de la
Facultad de Economía de la
Universidad Autónoma de Coahuila

@guillermo_garza