PRD critica consulta popular, 'es inservible, costosa y revela incongruencia de AMLO'

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PRD critica consulta popular, 'es inservible, costosa y revela incongruencia de AMLO'

Foto: Especial
Jesús Zambrano, dirigente nacional del partido opositor, cuestionó el impulso de un ejercicio de este tipo cuando el país requiere esos recursos en otros esfuerzos, como la compra de medicinas para niños con cáncer

El PRD (Partido de la Revolución Democrática) criticó este domingo con fiereza la consulta popular que promovió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, contra los antecesores en su cargo, debido a que se trata de un ejercicio “inservible y costoso” que además sería “incongruente” con la política de austeridad de la actual administración. 

Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, señaló que se trata no sólo de una insistencia sino directamente de una “necedad” de López Obrador y de Morena, su partido, que controla ambas Cámaras del Congreso donde se aprobó la consulta popular solicitada por el mandatario.

Zambrano también cuestionó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que avalaron la consulta popular, incluso cuando modificaron la pregunta a realizarse a los ciudadanos para dejar fuera cualquier nombre propio de ex presidentes mexicanos.

“A pesar de que diferentes ministros de la Corte señalaron la inconstitucionalidad de la consulta, al final hubo mayoría por parte de los aliados del presidente de la República. Una vez aprobada, se ordenó al Instituto Nacional Electoral que organizara dicho proceso, pero al órgano electoral no se le otorgó recurso extra”, precisó el líder perredista.

“Todo lo contrario: para 2021 sufrió un recorte de 870 millones de pesos, sin importar que se realizarían también las elecciones más grandes de la historia del país”, añadió. Pero, a pesar de que el INE impugnó la consulta popular por falta de presupuesto, la Corte lo rechazó y tendrá que organizarla el próximo 1 de agosto.

“Una de las falsas promesas con las que López Obrador y Morena ganaron adeptos desde su campaña de 2018 es dicha consulta, que es inservible y violatoria de la ley por donde se vea: pone en apuros al INE por la falta de recursos, viola la presunción de inocencia, y distorsiona los principios constitucionales de impartición de justicia. Si tiene las pruebas de corrupción de sexenios pasados, ¿por qué no actúa de acuerdo con la ruta legal definida?”, cuestionó Zambrano.

Asimismo, señaló que “es una incongruencia que el titular del Ejecutivo federal busque enjuiciar a funcionarios de sexenios pasados cuando en su propia administración se solapa la corrupción y el despilfarro de recursos en caprichos personales”.

Zambrano citó los ejemplos de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad; Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade); y Marcelo Ebrard, el Canciller mexicano que se ha colocado en el ojo del huracán por su responsabilidad en la construcción de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

“Son personajes que han actuado con impunidad y que son cobijados por Morena y el presidente López Obrador. Si su ánimo de erradicar la corrupción y juzgar a funcionarios criminales es tan genuino, presidente, ¿por qué no comenzar con los que tiene en casa?”, subrayó el dirigente perredista.

Luego de que el presidente López Obrador propusiera la consulta popular, y ésta fuera aprobada por ambas Cámaras del Congreso, la Suprema Corte estudió el caso y determinó que la pregunta, que incluía los nombres de los ex presidentes (Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto) no era válida, pero sí la materia de la consulta, por lo que modificó el cuestionamiento que los mexicanos definirán el 1 de agosto por la siguiente:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.