Durante las últimas semanas de diciembre, en las que todavía estuvo al frente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) Juan Manuel Portal Martínez, este órgano promovió 35 denuncias de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR). Entre ellas, destacan siete que se interpusieron contra el gobierno de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz, con lo que suman 69 en total, y una más contra la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) por realizar triangulaciones irregulares mediante contratos con universidades mexiquenses por un total de 611 millones de pesos.

La denuncia contra la Sedesol se asocia a una auditoría realizada en la Cuenta Pública 2015 –documentos firmados en la gestión de Rosario Robles y concluidos cuando estaba al frente José Antonio Meade– en la que se detectó de nueva cuenta, como en cuatro años consecutivos lo hizo la ASF, contratos, convenios y diversos instrumentos jurídicos para la prestación de servicios para eludir el procedimiento de licitación pública y simular contratos con terceros, lo que ha provocado el ejercicio y desvío de recursos públicos a fines ajenos, lo cual revela que se otorgan contratos a pesar de que no se cuenta con la capacidad técnica.

La ASF destaca que en la contratación que hizo la Sedesol con las universidades Tecnológica de Nezahualcóyotl, Politécnica de Texcoco y Tecnológica del Sur del Estado de México, que involucraron 611 millones de pesos –incluidos sobrepagos realizados por la dependencia federal por 26.7 millones de pesos– se constató que omitieron vigilar y supervisar el cumplimiento de lo contratado, así como cerciorarse fehacientemente que las referidas universidades contaran con la capacidad técnica, material y humana.

La finalidad de esos convenios de coordinación para servicios “no formaban parte de los planes estratégicos de desarrollo social para abatir la carencia y el rezago social. Además, la verificación y seguimiento de las obras y acciones que se realizan con cargo a este fondo quedan bajo responsabilidad de los estados y municipios establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. Por lo cual, a pesar de que fue observado en la Cuenta Pública 2014, se reincidió en esta conducta que propició el desvío de los recursos.

Con el paquete presentado entre el 18 y el 20 de diciembre, suman 907 los recursos legales promovidos por la ASF por irregularidades en el manejo financiero de dependencias públicas que implicaron daño patrimonial al erario y que, a pesar del periodo de observaciones, no fueron justificados por los entes involucrados.

De acuerdo con las auditorías relacionadas en las nuevas denuncias promovidas contra la administración de Javier Duarte, estarían involucrados 4 mil 435 millones de pesos relacionados con programas federalizados, en los cuales se habrían realizado transferencias irregulares e injustificadas, subejercicio de recursos públicos y otras anomalías asociadas a programas de salud, educación y al nuevo Sistema de Justicia Penal.

De acuerdo con las auditorías realizadas al gobierno de Duarte, destaca una por el manejo del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, en la que se detectó el desvío de 2 mil 109 millones de pesos destinados a proyectos educativos que fueron utilizados irregularmente para el pago de la nómina de maestros.

Otro rubro de desvío es el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, al que la Federación canalizó mil millones de pesos, los cuales nunca llegaron a los Servicios de Salud de Veracruz pues fueron retenidos por la Secretaría de Finanzas sin que explicara los fines. En cuanto al Fondo de Infraestructura Social, la asignación de los 645 millones de pesos destinados fueron retirados de la cuenta bancaria sin que se reintegraran al fondo.