En México la salud es un derecho social consagrado en el Artículo Cuarto de la Constitución. Es deber del gobierno que ninguna familia esté en riesgo de perder su patrimonio para costear la atención de una enfermedad; que nadie tenga que trasladarse largas distancias para atenderse y que, por ningún motivo, haya enfermos de gravedad o mexicanos en situación de emergencia de salud que tengan que acudir a varias instituciones públicas en búsqueda de un médico que los atienda. En los últimos años, el gobierno de México ha redoblado esfuerzos y avanzado con determinación para alcanzar la cobertura universal de salud.

 

Ninguna persona puede ser productiva en el estudio o el trabajo si le falta salud o si debe cuidar de un familiar enfermo. Los costos de esta merma en la productividad y de la pérdida de vidas por falta de una adecuada prevención y atención médica son cuantiosos. Cerrar la brecha entre el México en el que vivimos y el México que queremos –para nosotros y nuestras familias– implica necesariamente la construcción de un Estado que brinde a los ciudadanos un acceso efectivo a servicios de salud de calidad.

 

La intención de cancelar el Seguro Popular rebasa ya los límites de la ocurrencia porque perjudica la vida de 53 millones de mexicanos. Para reducir las brechas en el ejercicio de la salud debemos centrar la agenda de salud en los siguientes elementos.

Tenemos que fortalecer el Seguro Popular para que quienes hoy tienen acceso a la salud se puedan atender en cualquier clínica que les quede a la mano. Esto en favor de que las personas que más lo necesitan, como la población en el campo y los adultos mayores.

 

También es necesario garantizar la calidad en la infraestructura y en la atención con Clínicas al CIEN. Toda infraestructura de salud debe contar con los recursos humanos, insumos y equipamiento suficientes –a partir de un catálogo de necesidades básicas– para atender a la población a su cargo, con énfasis especial en las unidades de atención ambulatoria, particularmente en zonas rurales.

 

Para garantizar la viabilidad del sistema de salud y magnificar su impacto en la calidad de vida de todos los mexicanos debemos transitar de un sistema curativo a uno preventivo. Necesitamos un modelo proactivo, donde los servicios de salud se acerquen a la población y no al revés, donde las instituciones contribuyan al incremento de nuestra calidad de vida y no se limiten únicamente a fungir como testigos y administradores de nuestros padecimientos.

 

Hablar hoy de prevención es hablar de los retos de salud que tiene la base de nuestras familias: la mujer. Requerimos una línea de atención especializada para las mujeres que promueva la detección temprana y tratamiento del cáncer de mama y cervicouterino. Debemos disminuir el embarazo adolescente y los indicadores de mortalidad materna, a fin de que las mujeres adolescentes no vean truncado su futuro por motivo alguno.

 

El avance tecnológico en materia de telecomunicaciones y procesamiento de datos nos permitirá crear una plataforma de información de salud que mejore la eficiencia del sistema de salud y la atención, el cuidado y el seguimiento de los pacientes.

 

También es necesario desarrollar estrategias para atender a grupos poblacionales específicos, a partir del conocimiento de sus necesidades y principales factores de riesgo. La promoción de una vida saludable debe acompañar a las personas a lo largo de toda su vida. Por ello, promoveremos una política nacional que contribuya a eliminar las carencias desde la primera infancia. Garantizaremos el acceso a una alimentación sana durante el embarazo, la lactancia y la tercera edad, junto con una atención médica que respete los derechos de la mujer en todo momento.

 

Con inteligencia y voluntad, podemos transitar a un modelo de salud que esté a la altura de nuestro tiempo, que logre que los mexicanos se sientan protegidos y acompañados sin importar sus circunstancias. En la medida en que logremos un sistema de salud de calidad para todos, estaremos más cerca del México que queremos.