Al hablar de la reforma energética casi siempre se enfatiza en los hidrocarburos, mientras que poco se ha mencionado el sector eléctrico. No obstante, los cambios en este sector son igual de trascendentes por lo que ahora en “Apuntes sobre Energía” nos abogamos a explicar por qué era necesario reformar este apartado.

Hagamos una breve semblanza histórica. Según datos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la primera planta generadora en el país fue instalada como parte de una fábrica textil en 1879, en León, Guanajuato. Desde ese entonces, la industria creció hacia otros segmentos industriales, comerciales y residenciales de la mano de 3 compañías privadas  que se expandieron para cubrir cerca de 40% de la población. No obstante, las dificultades eran muchas, las interrupciones constantes, las tarifas elevadas y la distribución limitada. En realidad, era difícil que tres empresas privadas electrificaran un país en el que el 62% de su población vivía en poblaciones rurales. (Actualmente sólo el 21% de la población vive en el campo[).

Para 1937 se creó la CFE y paulatinamente se fue nacionalizando la industria hasta llegar a formalizarse bajo una reforma constitucional en 1960, que definía que la generación, transporte y distribución de electricidad serían un servicio público. Durante la transformación, el Estado mexicano adquirió los bienes de las compañías privadas y, a través de la CFE, expandió sus redes de transmisión y distribución. Se construyeron plantas generadoras con diferentes fuentes energéticas y se normalizaron los voltajes y frecuencias en la red, entre otros proyectos. Actualmente, el 98.53% de la población cuenta con acceso al servicio de energía eléctrica y la producción total del país nos pone como el productor número 12 de electricidad en el mundo.

Inversión Privada

En los últimos años, sin embargo, la generación de electricidad para el país ha sido una carga compartida. Subsecuentes reformas en el 1992 y 1995 permitieron que productores privados tuvieran la posibilidad de construir y operar plantas de generación eléctrica, sistemas de transporte, almacenamiento y distribución, bajo el argumento de que no constituirían parte del servicio público y con la condición de no comercializar los excedentes. De esta manera surgieron las modalidades de autoabastecimiento,  cogeneración, producción independiente de energía y pequeña producción de energía eléctrica, entre otras. Para finales del 2014, el 83.1% de la capacidad instalada pertenecía a la CFE y el resto a privados.

Falta de infraestructura

La inversión privada también puede asistir a la CFE al participar en “Proyectos de Infraestructura Productiva de Impacto Diferido en el Registro del Gasto” (PIDIREGAS); Obra Pública Presupuestal (OPP) y Obra Pública Financiada (OPF). No obstante, los esquemas limitan la inversión a ciertos techos de endeudamiento de la paraestatal y no a los requerimientos de la oferta y la demanda en toda la cadena de valor. A su vez, la misma Secretaría de Energía (SENER) acepta que dichas modalidades no vinculan a la empresa privada constructora con la prestación del servicio, por lo que no necesariamente se obtienen los mejores incentivos para la racionalidad económica de su infraestructura.

Por su parte, las crisis financieras de los 80s y 90s (y las subsecuentes negociaciones de crédito con acreedores) limitaron la habilidad del Estado y de sus empresas para financiar nuevos proyectos. Como consecuencia, la infraestructura eléctrica paraestatal careció de una modernización y de una expansión necesaria para mantener la tasa de crecimiento y es por ello que para el año 2000 empezamos a ver márgenes de reserva menores a los establecidos para asegurar el suministro. Consecuentemente la industria privada tuvo que sostener su propio crecimiento al incrementar su capacidad de generación un 22.7% anual en el periodo 1993–2000. Durante el mismo periodo el sector público apenas registro un crecimiento anual del 3.1%.

Alertas Críticas

La falta de inversión similar se vio reflejada en la producción y distribución de gas. 

Lamentablemente la falta de inversión también afectó a la producción de Pemex (quien se enfocó en proyectos más rentables como petróleo en vez de gas), ya que en 1997 éramos prácticamente autosuficientes y hoy importamos casi una tercera parte de nuestro consumo. En consecuencia, la infraestructura necesaria (principalmente gasoductos) para satisfacer dicha dependencia tampoco existía, por lo que se incurría en un desabasto en el sistema.

Dichos desabastos obligaron a Pemex a emitir 35 “alertas críticas” entre 2012 y 2013 que pedían la racionalización del consumo: “para continuar operando utilicen otra fuente de combustible”. Por supuesto estas alertas frenaron la productividad del país y la confianza de su industria.

Metas ambientales

Históricamente México ha generado su electricidad a través hidrocarburos, algo esperado porque somos un país productor. No obstante, la escasez de gas natural obligó a la CFE a utilizar combustibles más contaminantes, lo que se traduce en problemas ambientales por la generación de dióxido de carbono, poniendo en riesgo la sustentabilidad de nuestro crecimiento gracias al calentamiento global. No es lo mismo cantidad, que calidad.

Costo de generación

Dado que el combustible representa un 80% del costo de generación, el no poder contar con gas para la generación de energía, y a la vez tener un porcentaje bajo de energía renovable, significaba tener que utilizar fuentes más cara de combustible. 

Pérdidas  

En distribución las pérdidas de energía técnicas (término aplicado a la energía que se pierde en instalaciones obsoletas gracias a la transformación de una parte de la energía eléctrica en calor disipado) y no técnicas (aquellas por robo o no pago) también se han dejado notar. Países de la OECD promedian entre 6 y 7%, en nuestro caso es el doble. ¿Qué significa esto? Tener un 13.85% de pérdidas de energía representa una perdida económica de 50 mil millones de pesos.

Por su parte, las alertas críticas tuvieron consecuencias devastadoras para la economía del país generando pérdidas de miles de millones de pesos tanto a la industria privada como a la paraestatal. Tan significativo fue el impacto que el Banco de México derivó que la escasez de gas del tercer semestre del 2013 provocó que se profundizara la caída del Producto Interno Bruto (PIB).

Como es de imaginar, la CFE también ha venido registrando pérdidas masivas. Tan sólo en el 2013 se registró un resultado negativo por 37,552 millones de pesos ese año, lo doble del año anterior.

Tarifas eléctricas

Uno podría pensar; ¿y por qué no elevar los precios al consumidor para prevenir pérdidas? Basta con decir que ya están caros. Previo a la aprobación de la reforma, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) afirmó que las tarifas de electricidad que pagan la industria mexicana – principal cliente por ventas- resultaron un 25% más caras que las de Estados Unidos. De hecho, si se le quitan los subsidios, éstas son 73% más caras.

En contraparte, las tarifas residenciales ?que representan una cuarta parte de las ventas? son demasiado bajas (aclarando, son bajas de manera generalizada gracias a los subsidios y no con una tarifa Doméstica de Alto Consumo; DAC). Una peculiaridad que resalta, ya que en la gran mayoría de los países la diferencia es opuesta; los precios residenciales son más altos que los industriales.No obstante, al querer elevar estas tarifas corres el riesgo de alterar el orden público.

Concluyendo

Sin duda hemos avanzado significativamente desde la primera planta generadora pero todavía hay mucho trecho por recorrer para continuar energizando la expansión sustentable y confiable del México energético. Ahora ¿Qué hacer para solucionar y balancear todos estos retos? Esto es lo que veremos en la siguiente entrega en donde se enumerarán las propuestas principales de la reforma energética en cuestiones de la industria eléctrica.