¿Qué sucedería si algún fiscal en Illinois o California afirmase que se construyen culpables y pruebas al interior de dicha institución de justicia? ¿Hasta dónde llegaría el escándalo en torno a los falsos positivos y la creación de pruebas ad hoc? ¿Cuántas liberaciones de personas detenidas se solicitarían y se ejecutarían? ¿Cuántos funcionarios renunciarían y cuántos de ellos serían detenidos y sancionados? Me gustaría imaginar qué sucedería ante tal atropello del debido proceso y de los derechos humanos.

Quizás el Presidente emitiría inclusive algún pronunciamiento oficial y con mayor razón si esto sucediese en la entidad de la que él fue Senador o incluso gobernó previamente.

Una noticia de este tipo en cualquier país con un verdadero Estado de derecho sería un escándalo y a la vez una oportunidad. Sería un escándalo porque pondría en tela de juicio todo el sistema de justicia de un país, pero también sería una oportunidad porque llevaría a una profunda revisión del proceso de acceso a la justicia con miras a garantizar que el sistema correspondiente se encuentre apegado a derecho y sea respetuoso de los derechos humanos.

Al ejemplo que me refiero es a lo sucedido el 25 de abril en el Estado de México. Fernando Ulises Cárdenas, director de Litigación de la Procuraduría General de Justicia del (PGJEM), apareció en un video en el cual regaña a colaboradores de la Procuraduría por el bajo porcentaje de sentencias condenatorias de imputados en la entidad. En el video insiste en que lo importante para la PGJEM es la “estadística de efectividad”; es decir, cuántos casos se ganan en el Poder Judicial, que la excusa no puede ser que los agentes del Ministerio Público no pueden fabricar culpables, cuando eso es algo que siempre ha sucedido en la institución. Incluso para que no quedara duda alguna respecto a dicha aseveración, Cárdenas citó casos ocurridos de 2009 a 2014.

Estas afirmaciones, que debieron de haber levantado quejas de todas las instituciones de procuración y administración de justicia, pasaron casi desapercibidas. ¿Acaso no les parece preocupante que se aplique la justicia a modo, que cientos de personas estén purgando penas por delitos que no cometieron sólo porque los funcionarios optaron por tratar de aparentar que la PGJEM es eficiente y para ello construyeron pruebas?

Es importante reconocer que las declaraciones de Fernando Ulises Cárdenas no deben ser consideradas irrefutables, que muy probablemente muchos ministerios públicos y policías ministeriales de la entidad han hecho y hacen un trabajo exhaustivo en tratar de brindar acceso a la justicia a las víctimas. Sin embargo, estas declaraciones muestran cómo algunos funcionarios perciben el proceso de justicia y qué tipo de presión ejercen los mandos sobre los colaboradores de la institución.

Las afirmaciones del funcionario son la explicación del porqué los ciudadanos no confiamos en los procesos de justicia; del por qué tenemos una cifra negra promedio de 92.8% de 2010 a 2014 de todos los delitos cometidos; de por qué afirmamos que en México no hay justicia, además de que evidencian por qué en nuestro País no existe un verdadero Estado de derecho.

Las autoridades estatales y las de procuración de justicia del País deben aprovechar este momento para relanzar una campaña de sensibilización acerca de la importancia del debido proceso y el respeto a los derechos humanos.

El caso debe servir para entender que urge un cambio, que con sistemas de transparencia y cooperación con la ciudadanía, es posible erradicar la corrupción y el abuso. Espero que cada una de las autoridades aprenda que los tiempos han cambiado, que hay una sociedad civil atenta que no permitirá que haya más inocentes purgando sentencias, actos de tortura, denigración de la persona, sea esta quien sea.

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