Una de las imágenes más bizarras que podría producir la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 es la que veremos hoy: miembros del personal de salud marchando en distintas ciudades del país en protesta porque no han recibido la vacuna que les permita laborar en condiciones de menor riesgo.

Tan solo en Coahuila, de acuerdo con la información conocida, existen más de 18 mil integrantes del sector salud que no han sido vacunados aún, bajo el argumento de que trabajan en hospitales privados, en laboratorios de análisis clínicos o en áreas médicas que no atienden enfermos COVID.

“Del Seguro Social en Coahuila hay más de 3 mil 500 trabajadores de primera línea que no han sido vacunados todavía, entonces tienen el derecho a manifestarse”, dijo ayer el secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal.

La “lógica” desde la cual el Gobierno de la República ha determinado a quién se vacuna y a quién no resulta a estas alturas absolutamente incomprensible, sobre todo si se tiene en cuenta que el anuncio original fue muy claro: los primeros en vacunarse serán los trabajadores de la salud.

Y aunque todas las personas deseamos vacunarnos lo más pronto posible, si en algo no hay desacuerdo es que quienes merecen hacerlo primero, porque se encuentran en mayor riesgo, son justamente quienes se dedican a la atención de pacientes de cualquier tipo.

No hace falta argumentar mucho para entender el razonamiento: una persona que labora en un hospital -público o privado, eso es irrelevante- o en un consultorio privado, está expuesta a un mayor riesgo de contagio. Pero no solamente el personal médico o el de enfermería, sino cualquier persona cuyo trabajo implica permanecer en un espacio “contaminado”.

Eso incluye a todos: la persona que maneja la ambulancia, el que hace la limpieza, quien labora en la cafetería o aquellas que se encuentran realizando labores administrativas. 

Que se les margine del proceso de vacunación porque se considere que “no se encuentran en la primera línea de atención” es absurdo desde cualquier punto de vista, porque al ser su trabajo -directa o indirectamente- la atención de pacientes, se encuentran expuestos al contagio y, por ende, a que su vida sea puesta en riesgo.

No extraña, frente a la actitud asumida por la administración federal en relación con casi la mitad de los trabajadores de la salud, que México sea el país número uno del mundo en víctimas fatales dentro del personal médico. Este nefasto resultado es solamente el resultado natural de la errática respuesta que en nuestro país se ha dado a la pandemia y que constituye, desde cualquier punto de vista, un monumental fracaso.

Tampoco extrañarán por ello las imágenes que seguramente veremos hoy en muchas ciudades del país, en las cuales, quienes han sido negligentemente marginados por las autoridades sanitarias federales, saldrán a protestar y a exigir que se les trate con la dignidad que merecen por ser quienes han afrontado el mayor riesgo personal para salvar vidas.