El 28 de julio asumió la presidencia del Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Es, desde la caída de la dictadura de Fujimori el año 2000, el quinto Mandatario –luego de Valentín Paniagua, Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala— que llega al poder por la vía democrática. Pesa sobre sus hombros la responsabilidad de impulsar una legalidad y un progreso que en estos dieciséis años han caracterizado la orientación del país. Este progreso hay que entenderlo de manera muy amplia, es decir, no sólo representado por el desarrollo económico que ha hecho del Perú una de las Naciones latinoamericanas que ha crecido más y atraído más inversiones en este periodo, sino, también, por ser un País en el que se ha respetado la libertad de expresión y de crítica, y donde han funcionado la diversidad política, el pluralismo y la coexistencia en la diversidad.

Los problemas son todavía enormes, desde luego, empezando por la seguridad y las desigualdades, la corrupción, la falta de oportunidades para los pobres, la insuficiente movilidad social y muchos otros. Pero sería una gran injusticia desconocer que en todos estos años, el Perú ha gozado de una libertad sin precedentes, que se ha reducido de manera drástica la extrema pobreza, que la clase media ha crecido más que en toda su historia pasada, y que la descentralización económica, administrativa y política del País ha avanzado de manera impresionante.

Pero, tal vez, lo más importante ha sido que en estos últimos dieciséis años, una cultura democrática parece haber echado unas raíces que hasta hace poco eran muy débiles y ahora cuentan con el respaldo de una gran mayoría de peruanos. Es posible que todavía existan algunos estrafalarios de la vieja derecha que crean en la solución militar y golpista, y, en la extrema izquierda, grupúsculos que sueñan todavía con la revolución armada, pero, si realmente existen, se trata de sectores muy marginales, sin la menor gravitación en el grueso de la población.  La derecha y la izquierda parecen haber depuesto sus viejos hábitos anti democráticos y haberse resignado a operar en la legalidad. T al vez hayan comprendido que esta es la única vía posible para que los remedios de los problemas del Perú no sean peores que la enfermedad.

¿Qué explicación tiene semejante evolución de las costumbres políticas en el Perú? Los experimentos catastróficos de la dictadura militar socialista del general Velasco, cuyas reformas colectivistas y estatistas empobrecieron al país y sembraron el caos;  la guerra revolucionaria y terrorista de Sendero Luminoso y la represión consiguiente que causaron cerca de setenta mil muertos, decenas de miles de heridos y unos daños materiales cuantiosos. Y, finalmente, la dictadura de Fujimori y Montesinos, con sus crímenes abominables y los vertiginosos robos       –unos seis mil millones de dólares, se calcula— de los que el país ha podido recobrar sólo migajas.

Para algunos podría tal vez parecer contradictorio con esto último que la hija del exdictador, Keiko Fujimori, sacara tan alta votación en los últimos comicios y que la bancada que le es adicta sea mayoritaria en el Congreso. Pero esto es puro espejismo; como el odriísmo y el velasquismo, el fujimorismo es una construcción artificialmente sostenida con una inyección frenética de demagogia, populismo y cuantiosos recursos y destinada a desaparecer –apostaría que a corto plazo—, igual que aquellos vestigios de las respectivas dictaduras de las que nacieron. Su existencia nos recuerda que el atraso y la barbarie política, aunque han retrocedido, están todavía lejos de desaparecer de nuestro entorno. El camino de la civilización es largo y difícil. Este camino, emprendido hace un poco más de tres lustros por el Perú, no debe tener retrocesos, y esa es la tarea primordial que incumbe a Pedro Pablo Kuczynski y al equipo que lo rodea.

La imagen internacional del Perú nunca ha sido mejor que la de ahora; en Estados Unidos y en Europa aparecen casi a diario análisis, comentarios e informes entusiastas sobre su apertura económica y los incentivos para la inversión extranjera que ofrece. Las empresas peruanas, algunas de las cuales comienzan desde hace algunos años a salir al extranjero, han experimentado un verdadero salto dialéctico, así como la explosión turística, incrementada en los últimos años por el atractivo culinario local, que se ha puesto de moda, en buena medida, quién lo podría negar, gracias a Gastón Acurio y un puñadito de chefs que, como él, han revolucionado la gastronomía peruana.

Las perspectivas no pueden ser más alentadoras para el gobierno que se inicia en estos días. Para que ellas no se frustren, como tantas veces en nuestra historia, es imprescindible que la batalla contra la corrupción sea implacable y dé frutos, porque nada desmoraliza más a una sociedad que comprobar que el poder sirve sobre todo para que los gobernantes y sus cómplices se enriquezcan, violentando la ley. Ese, y la falta de seguridad callejera, sobre todo en los barrios más desfavorecidos, es el gran lastre que frena y amenaza el desarrollo, tanto en Perú como en el resto de América Latina. Por eso, la reforma del Poder Judicial y de los organismos encargados de la seguridad, empezando por la Policía, es una primera prioridad. Nada inspira más tranquilidad y confianza en el sistema que sentir que las calles que uno transita son seguras y que se puede confiar en los jueces y policías; y, a la inversa, nada desmoraliza más a un ciudadano que salir de su casa pensando en que será atracado y que si acude a la comisaría o al juez en busca de justicia será atracado otra vez, pues jueces y policías están al servicio, no de las víctimas, sino de los victimarios y ladrones.

Lo que ocurre en el Perú está ocurriendo también en otros países de América Latina, como Argentina, donde el Gobierno de Mauricio Macri trata desesperadamente de devolver al país la sensatez y la decencia democráticas que perdió en todos los años delictuosos y demagógicos del kirchnerismo. Y hay que esperar que Brasil, donde la revuelta popular contra la corrupción cancerosa que padecía el Estado ha conmovido hasta los cimientos  a casi todas sus instituciones,  salga purificado y con una clase política menos putrefacta de esta catarsis institucional.

Ojalá la política diplomática del Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski sea coherente con esa democracia que le ha permitido llegar al poder. Y no incurra, como tantos Gobiernos latinoamericanos, en la cobardía de mantener una neutralidad cómplice frente a la tragedia venezolana, como si se pudiera ser neutral frente a la peste bubónica. Es una obligación moral para todo gobierno democrático apoyar a la oposición venezolana, que lucha gallardamente tratando de recuperar su libertad contra una dictadura cleptómana, de narcotraficantes, que representa un pasado de horror y de vergüenza en América Latina.