Por cobros irregulares de Naturgy, Congreso de Coahuila pide prohibir que empresas cobren al 'tanteo'

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Por cobros irregulares de Naturgy, Congreso de Coahuila pide prohibir que empresas cobren al 'tanteo'

Foto: Archivo
La propuesta señala que sólo en Saltillo fueron entregadas a la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor más de 500 quejas de ciudadanos a los que se les hicieron cobros irregulares por el servicio de gas

Luego de los cobros irregulares realizados por Naturgy a los usuarios de gas natural, el Congreso del Estado aprobó ayer enviar al Congreso de la Unión una iniciativa para prohibir que cobren al “tanteo” las empresas que proporcionan servicios básicos.

“La presente propuesta legislativa tiene por objeto principal el adicionar la fracción VI al artículo 17 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y normas y leyes que de ella emanen, con el propósito de eliminar la facultad que tienen las empresas prestadoras de servicios de gas natural, de realizar cobros en base a estimaciones”, señala la exposición de motivos.

Al tratarse de una norma federal, el Congreso del Estado no tiene facultades para realizar modificaciones, por lo que ayer se aprobó por unanimidad que se envíe al Congreso de la Unión para que legisladores federales retomen.

 

La propuesta fue iniciada por el diputado Jaime Bueno Zertuche.

“Consideramos que hay que realizar las adecuaciones necesarias de fondo, a fin de evitar este tipo de prácticas, por lo cual coincidimos con el iniciador de la propuesta para evitar más cobros por estimación y garantizar así que los cobros sean totalmente legales al asegurar que su estimación se realice sólo por lectura física, es decir el consumo real”, determinó la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

La propuesta señala que sólo en Saltillo fueron entregadas a la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor más de 500 quejas de ciudadanos a los que se les hicieron cobros irregulares por el servicio de gas.

“La presente iniciativa atiende a una demanda de justicia social que encuentra su origen en una real afectación económica a los usuarios de los servicios de la empresa distribuidora de gas natural, y que por lo tanto, se deben establecer medidas jurídicas que eviten este tipo de situaciones”, concluye el dictamen.