Aún que la economía ya reinició el ascenso, esto dependerá del control de la pandemia, la confianza de los inversionistas directos y la política económica, entre otros aspectos. Los datos muestran que los contagios y decesos por COVID-19 tienen tendencia negativa y la ocupación de camas hospitalarias es controlable, sin embargo, se puede presentar un rebrote en la estación invernal; la confianza del sector empresarial aún no es sostenible en el corto plazo; y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) no indica una estrategia contra cíclica ante la crisis económica.

Según estimaciones oficiales, el próximo año los ingresos serán 6.29 billones de pesos y los egresos 6.25 billones de pesos, es decir un superávit marginal que no atendría impacto multiplicador en la economía.

En 2021 no aumentarán impuestos, sólo ajustados a inflación anual; sin incrementar la deuda pública, que se ubica arriba de 52% del producto interno bruto y, aunque este gobierno no la ha incrementado, en los compromisos financieros externos seguirá sujeta a variaciones del tipo de cambio (la deuda crecería hasta 54.7% del PIB en 2021); prioridades del gasto son en salud, infraestructura (sobre todo en el sureste del país), seguridad pública y otros conceptos, como educación y cultura.

Nominalmente, el próximo año las participaciones a las entidades federativas y municipios se reducirán de 984 a 921 mmdp (los convenios específicos caen de 130 a 100 mmdp y los recursos del Ramo 23 de 15 a 9 mmdp –este último son fondos específicos, sobre todo en el ramo social, que no corresponden al gasto directo de Secretarías). Sobriedad y continencia en el gasto se pide a los gobiernos estatales y municipales… la situación lo amerita.

En los criterios de política económica se proyecta: la caída del PIB en este año será de -8% y la recuperación en 2021 será de 4.6% (cuando la mayoría de las proyecciones indican que la reducción del producto superará el 10.5%); el precio del petróleo en 42.1 dólares por barril, superada ya la reciente drástica reducción; el tipo de cambio en 21.9 pesos por dólar promedio; la tasa de interés en 4%, con leve reducción de 0.5%; y la inflación anual en 3%. 

Cifras optimistas que se sostienen en la progresiva apertura de la economía, que ofrece visos de recuperación: reapertura de empresas –sobre todo trasnacionales-; recuperación de 7.5 millones de empleos en julio pasado; crecimiento de 1.59% real del salario en este año; el consumo de los hogares frenó su caída; y la recaudación eficiente que en el sétimo mes creció 2.8% respecto al mismo mes de 2019.

Analistas progresistas y conservadores sostienen que no es suficiente la austeridad presupuestal y que se hace necesario incrementar el déficit fiscal, es decir que el gobierno federal acuda a la deuda para incrementar el gasto, una estrategia que enfrente de manera directa la crítica situación.

Sin embargo, el tema de la deuda pública está anclado al tema político, para evidenciar el despilfarro y dispendio de administraciones anteriores: a julio de ese año, el total de la deuda federal fue 12 billones 25.9 mil millones de pesos, deuda interna 60.26% y deuda externa 39.63%; y según el presupuesto del año próximo, el costo financiero será de 723.9 mil millones de pesos (mmdp) –más incluso que el sector salud con 667.2 mmdp-, de ahí el compromiso de no endeudar más al país y “hacer más con menos”, además combatir corrupción y evasión-elusión de impuestos (15 macrocorporaciones han pagado más de 32.4 mmdp por impuestos atrasados).

El PEF continuará en la misma línea política de dos años de gobierno, con prudencia para no distorsionar variables macroeconómicas ni alterar  mercados financieros, sin embargo, para superar efectivamente la crisis se necesita más que eso. Urge una reforma fiscal progresiva en contribuciones fiscales, para elevar la recaudación y erogar más eficazmente.