En los primeros 100 días de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, “la política agrícola ha generado incertidumbre entre los grandes y pequeños agricultores”, señaló el secretario general de la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano), Raúl Pérez Bedolla.

Para los agricultores de Sonora, Baja California y Baja California Sur así como Sinaloa, Jalisco y Guanajuato, “la inconformidad crece. Ya limitó el número de hectáreas a apoyar a través de la Secretaría de Agricultura a mitad del ciclo agrícola otoño - invierno lo que llevará a la insolvencia económica para pagar créditos a FIRA y Financiera Nacional”, expuso.

Si la Secretaría de Agricultura, añadió, “no instala una mesa de negociación con los agricultores del Noroeste del país habrá una revuelta a finales de abril y principios de mayo porque no tendrán para pagar los créditos contratados”.

Respecto al panorama que se registra entre los pequeños productores del sur-sureste del país, Pérez Bedolla dijo que está el hecho de que si bien se les adelantó el apoyo de la Sader, “no hay seguridad de que inviertan en la siembra y cultivo de maíz o frijol”.

En ambos casos, consideró que se abrirá un hueco en el volumen de producción de alimentos básicos y lo que mantendrá a México como importador de granos básicos y como número uno en la compra de maíz al exterior.

Si bien llegó adelantado el apoyo, dijo que el gobierno federal desconoce que si el pequeño agricultor no invierte el recurso, para la siembra de maíz o frijol, en el ciclo primavera – verano que inicia en julio, enfocará el dinero en otros gastos generando la falta de producción de granos básicos “y el fracaso del programa social”.

Lo anterior, añadió, “sin considerar la inconformidad de un amplio bloque de pequeños y medianos productores de diversas agrupaciones campesinas del Congreso Agrario Permanente que fueron excluidos del padrón de esta acción gubernamental”.

Pérez Bedolla dijo que productores de granos básicos al acudir a las oficinas de los Distritos de Desarrollo Rural para proporcionar sus datos a fin de ser incluidos en el padrón de la Sader se les niega el derecho a los apoyos del Programa Alimentos para el Bienestar bajo el pretexto de que no cumplen con el perfil de beneficiario.

En contraparte, productores del Noroeste del país “están inconforme por las limitantes en el programa que se les pretende aplicar”, expuso.

Recordó que muestra de la molestia están los recientes bloqueos carreteros por parte de productores agrícolas de Sonora y Sinaloa, el miércoles pasado así como sucedió en San Fernando, Tamaulipas.

En ambas movilizaciones, dijo, los agricultores repudiaron los lineamientos de entrega de incentivos al ingreso objetivo de la Sader que busca limitar el acceso a los apoyos a un máximo de 30 hectáreas de riego por productor.

De tal suerte que, mencionó, esta política afectará a 4.5 millones de jornaleros que laboran en 300 mil hectáreas sembradas de trigo y maíz debido a que los propietarios de 80 por ciento de esa superficie contaban con apoyos federales.

A su vez, productores de sorgo en Tamaulipas se inconformaron por la reducción del área de cultivo apoyada por el programa Proagro (antes Procampo).

Pérez Bedolla dijo que este tipo de productor “se declarará en bancarrota pues no podrán pagar el crédito que mayoritariamente tienen contratado con la Financiera Nacional o con el FIRA”.