La construcción de una estrategia de seguridad pública integral en el País no es, ni por asomo, una de las prioridades del gobierno de la Cuarta Transformación. De hecho, la pregunta de cuál es realmente la política de prevención y combate al delito del presidente Andrés Manuel López Obrador sigue flotando en el aire. ¿Existe tal o la “estrategia” sólo se constituye de manotazos y esfuerzos aislados que se van haciendo sobre la marcha? 

Porque, por un lado, el Presidente no cumple al pie de la letra –afortunadamente– esa retórica absurda de “abrazos no balazos”, pero, por el otro, tampoco es que los golpes contundentes a la delincuencia organizada sean la constante: operativos como el que derivó en la detención de “El Marro”, por ejemplo, han sido raras excepciones, no la regla. Además, la intención de combatir el fenómeno delictivo desde el origen, dotando a los jóvenes de mayores oportunidades de estudio y empleo, no ha terminado de cuajar; y eso es porque esa intención se circunscribe al afán asistencialista y electorero de los programas sociales y no está enmarcada en una política pública bien estructurada que realmente saque a la gente de su condición desventajosa. Y del plan para acabar con la política prohibicionista en materia de drogas, ni hablar: hasta ahora no hay avances significativos y los esfuerzos de combate al delito desde el enfoque sanitario se han limitado a las campañas mediáticas de alertar sobre los peligros del consumo de sustancias ilegales. Nada que no se haya visto antes.

Ahora, la eliminación del Fondo de Fortalecimiento para la Seguridad de los municipios (Fortaseg) viene a confirmar que al Presidente poco le interesa trabajar en conjunto con las autoridades locales y que los procesos de profesionalización y equipamiento de las policías municipales ya no tienen cabida en la agenda federal. Este fondo de apoyo a la capacitación de las corporaciones preventivas surgió en 2008 con el nombre de Subsidio de Seguridad para los Municipios (Subsemun) y con el cambio en sus reglas de operación en 2016 adoptó la denominación actual: Fondo de Fortalecimiento para la Seguridad, pero prácticamente funcionaba igual: el Gobierno Federal dotaba a los ayuntamientos de un recurso etiquetado para la optimización de sus cuerpos policiacos, del cual los municipios aportaban un 25 por ciento. 

En febrero de 2019, en esta columna, analizamos la situación de las policías preventivas y la importancia de incluirlas en las estrategias nacionales de seguridad pública. Aquella entrega, titulada “Policías locales, el eslabón más débil”, hacía énfasis en las deplorables condiciones de las corporaciones antes de la creación de los subsidios federales, en los siguientes términos:
“En 2008, cuando comenzó la inyección de recursos federales a las policías municipales mediante el entonces llamado Subsemun, la radiografía era desalentadora: agentes sin capacidad técnica, legal y operativa; falta de habilidades y herramientas básicas; parque vehicular deficiente; salarios bajísimos (menores a los 5 mil pesos mensuales en algunas localidades); nulas garantías sobre la probidad de mandos y elementos e, incluso, cobertura insuficiente, pues hace 11 años sólo 12 entidades del País tenían una corporación preventiva en la totalidad de sus municipios. Comenzaba entonces un tortuoso proceso que, hasta hoy, no sólo no ha conseguido fortalecer ni profesionalizar adecuadamente a los hombres y mujeres que están parados en la primera línea de fuego, sino que ahora aparece envuelto en una incertidumbre todavía más densa”.

Y no es que el Fortaseg –que se ha venido recortando los últimos años– fuera la panacea, ni que su eliminación signifique romper un proceso virtuoso que estaba generando superpolicías e inhibiendo todo rastro de conductas delicitvas. ¡Para nada! Las corporaciones municipales siguen siendo percibidas como corruptas, ineficientes e indignas de confianza por 7 de cada 10 ciudadanos mexicanos y los ayuntamientos tampoco es que sean muy eficientes en la aplicación de los recursos y en transparentarlos. Sin embargo, no deja de resultar preocupante esa visión tan centralista del presidente López Obrador y esa propensión a cortar de tajo lo perfectible sin proponer alternativas. La Guardia Nacional no puede ser el alfa y el omega del combate al crimen. Si no hay sinergia entre corporaciones y órdenes de gobierno, el panorama no mejorará sustancialmente y los datos ahí están: la primera mitad del año cerró con 17 mil 982 homicidios, más de 300 por encima del mismo periodo de 2019 que fue, como sabemos, el año más violento del que se tenga registro con 35 mil 588 asesinatos. Y con 2 mil 543 agosto pasado cerró como el mes más cruento de 2020, sólo por debajo de marzo. De ese tamaño es el reto, de ese tamaño ha sido el fracaso.

Manuel Serrato
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