El 12 de febrero de 2013 la vida de Mónica Esparza Castro cambió para siempre luego de que policías municipales detuvieran la camioneta donde viajaba porque la identificaron como miembro del crimen organizado, y decidieron utilizar varias técnicas de tortura para 'sacarle' una confesión. 

Lo que sería una revisión de rutina se convirtió en un infierno; fue violada por varios agentes, recibió descargas eléctricas en los genitales, fue asfixiada con una bolsa de plástico, sometida a intentos de ahogamiento en una tina con agua y amenazada con ser descuartizada.

El día de su detención, Mónica viajaba en compañía de su hermano y su esposo; se dirigían a una ferretería en el municipio de Torrerón, Coahuila. Luego de su detención, los policías trasladaron a los tres detenidos a una bodega de la Dirección de Seguridad Pública. En el sitio los interrogaron sobre su supuesta vinculación con Los Zetas.

Al no obtener respuesta, los agentes empezaron a golpear a la jóven y sus familiares. Según su testimonio, primero fue golpeada en el rostro para luego ser ahogada en un tambo. Además fue golpeada en los glúteos con un trozo de madera y amenazada de muerte. 

Los policías la obligaron a presenciar cómo torturaban a su hermano y a su esposo, quien fue abusado sexualmente y murió a consecuencia de las heridas que la policía le ocasionó.

Tras haber sido abusada sexualmente por siete agentes, Mónica y sus familiares fueron trasladados a las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón, donde fue violada por segunda ocasión y amenazada de muerte.

Luego fueron enviados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), donde su hermano y ella fueron obligados a firmar una confesión en la que se declaraban culpables por los delitos de secuestro y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

"El Ministerio Público de la Ciudad de México le enseñó a Mónica fotos de sus hijos y de su madre. La amenazaron con matar a todos si no confesaba que era miembro de Los Zetas, por ese motivo actualmente está encerrada", dijo Rogelio Menchaca, padre de la víctima, en entrevista para El Universal.

A pesar de que en 2014 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó un examen que confirmó que Mónica fue víctima de torturas por parte de las autoridades, hasta ahora no se han formulado cargos contra ninguno de los agresores y ella sigue en prisión. 

Mientras la averiguación previa sigue abierta, Mónica está recluida en el Centro Femenil de Readaptación Social de Coatlán del Río (Cefereso 16), en Morelos.

Rogelio Menchaca comentó que debido a sus intentos por liberar a su hija, él y otros miembros de su familia han recibido amenazas por parte de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón a fin de que detengan su investigación sobre lo que ocurrió en el día de la detención.

Hace tres años, otro de mis hijos, el mayor, fue detenido por unos policías para advertirle que nos dejáramos de chingaderas, que dejáramos de buscar información al respecto y que nos fuéramos de aquí. También se molestaron porque buscamos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Vivir en Torreón se ha vuelto algo muy complicado para nosotros.

El testimonio del padre fue recogido este lunes por el periódico nacional, sin embargo, ésta no es la primera vez que la historia de Mónica sale a la luz. En 2016, una investigación elaborada por Amnistía Internacional recopiló 100 casos de víctimas de tortura por parte de la policía; el de Mónica fue uno de ellos.