Por Paris Martínez (@paris_martinez) para Animal Político

Con el objetivo de extraer una confesión a un habitante de Tabasco, en el año 2015, por lo menos nueve elementos de la Policía Federal lo torturaron ante su esposa e hijas, y para aumentar la angustia del detenido, también a ellas las torturaron, durante toda una noche.

Según la versión oficial de los hechos, el padre de familia fue capturado el 7 de noviembre de 2015, dentro de una bodega ubicada en el estado de Tabasco, en la que supuestamente se ocultaba droga y gasolina robada. Según esta misma versión, el padre detenido reconoció haber sido capturado en dicha bodega, y que era parte del grupo delictivo que ahí almacenaba productos ilícitos.

Sin embargo, luego de dos años de investigaciones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó que dicha confesión fue obtenida bajo tortura y que las acusaciones formuladas en contra de este padre de familia fueron fabricadas.

En primera instancia, la CNDH logró ubicar a tres testigos presenciales no vinculados con los hechos, quienes confirmaron que este señor, junto con su esposa y tres hijas, fueron capturados el 6 de noviembre de 2015 (es decir, un día antes de lo afirmado por la Policía Federal), y no en la supuesta bodega de hidrocarburos, sino cuando se disponían a meter el vehículo familiar en la cochera de su vivienda, en un punto distinto de la entidad.

Según la reconstrucción de hechos realizada por la CNDH, con base en estos testimonios, y en la misma narración realizada por las víctimas, cuando los integrantes de esta familia llegaban a su domicilio, a bordo de su vehículo particular, fueron interceptados por los tripulantes de dos camionetas, una sin logotipos y otra con emblemas de la Policía Federal. De dichos vehículos descendieron cinco uniformados y tres personas vestidas de civil, quienes apuntaron a la familia con armas largas y obligaron al papá a subir a uno de los vehículos oficiales, sin exhibir ninguna documentación en la que constara la orden de captura.

Estos testigos informaron que los oficiales obligaron a la mamá y a las tres menores (de 1, 6 y 8 años) a permanecer dentro de su auto particular, mientras al menos tres uniformados ingresaban al domicilio de esta familia, para extraer diversos enseres domésticos, entre los que los testigos sólo alcanzaron a distinguir una carriola.

Según estos testimonios, la mamá fue vendada de los ojos y después obligada a bajar del auto familiar, a empujones, aún cuando llevaba en brazos a su hija de un año, y fue puesta a bordo de la batea de la segunda patrulla, mientras sus otras dos hijas entraban en pánico al ser obligadas a permanecer solas dentro del auto de sus papás.

Una vez en la patrulla, a la mamá le fue arrebatada su bebé por los mismos oficiales y fue sometida a un interrogatorio de media hora, mientras ella escuchaba a sus hijas llorar a poca distancia.

Luego, le devolvieron a la bebé y las otras dos niñas fueron puestas abordo de la misma patrulla. Los policías usaron las gorras de su uniforme oficial para cubrir la vista a estas niñas.

Así, ya con toda la familia detenida, los uniformados se alejaron en sus patrullas, además de que uno de los policías se llevó el auto familiar.

La madre de familia denunció que los uniformados los trasladaron hasta un lugar no identificado, a aproximadamente tres horas de distancia en carretera.

Se trataba de un inmueble dentro del cual introdujeron al padre de familia detenido, mientras que la mamá y su hijas fueron puestas a bordo de un vehículo, estacionado junto a dicha construcción.

Según la narración del papá detenido, en ese lugar “fui torturado física y psicológicamente, amenazado y obligado a declarar (…) puesto que, si no lo hacía, iban a violar a mis hijas y a mi esposa, y las iban a tirar al río Grijalva”.

Como prueba de su dicho, este padre de familia exhibió las marcas que dejó en sus piernas, especialmente en una rodilla, la tortura física a la que fue sometido, y que, según su testimonio, incluyó golpes en todo el cuerpo, especialmente en genitales, así como asfixia, cubriendo su rostro con una bolsa plástica.

Por su parte, la madre de familia, a quien siempre mantuvieron con los ojos vendados, aseguró que, 10 o 15 minutos después de que llegaron a ese lugar “empezamos a escuchar gritos de desesperación y de dolor, demasiado angustiantes, reconociendo que el que estaba lamentándose de dolor era mi esposo. Por obvias razones, mis hijas de seis y ocho años se alteraron, comenzaron inmediatamente a llorar y a gritar desesperadas que era su papá, que lo dejaran en paz, que no le pegaran, que no había hecho nada”.

A sus llantos, luego, se sumó el de la bebé de brazos, por lo que “una persona del sexo femenino nos dijo que nos calláramos, que nos pegaría un tiro si seguíamos haciendo escándalo, y como pude abracé a las tres niñas y les dije en voz baja que no lloraran, que no pasaba nada, que pronto pasaría todo”.

Esa agente de la Policía Federal, de hecho, escogió a la niña de ocho años como blanco especial de sus agresiones: “la regañaba a cada rato –narró su mamá–, mencionándole en reiteradas ocasiones que le iba a disparar”, y mientras lo hacía, le apuntaba a la niña con su arma de cargo.

Esto ocurría cada vez que la niña se sobresaltaba al escuchar los lamentos de su papá, situación que se prolongó durante toda la noche del 6 de noviembre de 2015.

Mientras el papá era sometido a tormentos físicos dentro del inmueble y forzado a escuchar el llanto de sus hijas, fuera, la mamá y las niñas no sólo eran obligadas a escuchar los lamentos de su papá y diversas amenazas de ejecución, sino que también fueron obligadas a permanecer a la intemperie, sin cobijo, a merced de los mosquitos, sin alimento ni agua, y sin la posibilidad de moverse.

Asimismo, a las niñas se les forzó a hacerse del baño con su ropa puesta, y a la mamá le impidieron quitarle a la bebé el pañal sucio. Así debieron permanecen durante toda la noche y la madrugada del día siguiente.

“A altas horas de la noche, o de la madrugada, mis hijas lloraban, ahora ya de hambre y de necesidad de dormir, sin importarle a estas personas las condiciones en que nos encontrábamos”.

Al día siguiente, 7 de noviembre, alrededor de las 6 de la mañana, la mamá y las niñas nuevamente fueron puestas a bordo de la batea de una patrulla y abandonadas por los policías federales en la carretera Villahermosa-Teapa.
La mamá y las niñas tuvieron que volver caminando a pie hasta su casa, cuya puerta encontraron asegurada con una cadena. Los vecinos les explicaron que sólo con esa cadena lograron impedir que los policías continuaran saqueando la vivienda.

Al ingresar a su hogar, la mamá descubrió que los uniformados se habían robado 30 mil pesos en efectivo, una laptop, dos televisiones planas, un estéreo, un horno de micro-ondas, una consola XBox, teléfonos celulares… y el auto familiar.

Durante los siguientes dos días, esta madre de familia se dedicó a rastrear el paradero de su esposo, hasta que, finalmente, fue notificada de que estaba en manos de la Procuraduría General de la República, en la capital del país.

Hasta la fecha, el padre de familia enfrenta proceso en prisión, por los delitos que confesó bajo tortura.

Aunque él denunció formalmente que fue torturado pocos días después de su detención, retractándose además de su primera confesión, la PGR no ha realizado ninguna diligencia en estos dos años, orientada a investigar dicha denuncia.

En tanto, la familia entera, especialmente las niñas, sufren las secuelas de la tortura a la que fueron sometidas.

“Este caso tiene una dimensión especial –explicó Édgar Corzo Sosa, quinto visitador general de la CNDH–, porque no es que haya (en las autoridades federales) un patrón de tortura familiar, pero sí, en este caso, la dimensión de los hechos es muy preocupante porque algunas de las víctimas eran menores de uno, seis y ocho años de edad, junto con sus papás”.

Todas las vejaciones a las que fueron sometidos los integrantes de esta familia, aseguró, “son alarmantes: las víctimas recibieron amenazas para que no dijeran nada, para que no vieran los rostros de los agresores, y además de eso no les dieron alimento, no dejaron que hicieran sus necesidades básicas en un baño, y las pobres menores de edad acabaron haciéndose en su ropa. Además, las pusieron en un lugar contiguo al lugar en que tenían a su padre lesionándolo, escuchando los gritos por las lesiones que le provocaban. Todo esto conforma un cuadro muy preocupante, de una dimensión lacerante, que tuvo que enfrentar una familia, y sí hay una acreditación de los elementos de la tortura”.

El representante de la CNDH detalló que “en el caso de las niñas hubo una afectación psicológica importante (producto de la tortura), que dio lugar a un estrés postraumático, enfrentaron una situación muy fuerte, que las marcó. Y luego de haber realizado diversas pruebas científicas, podemos constatar que hay un daño en las menores, y al advertir esto, lo que hicimos fue reclamar que haya una reparación integral, que incluya atención psicológica, médica, muy especiales, que les permitan superar los sucesos”.

Ese proceso de atención médica y psicológica, detalló, “no podría yo decir cuánto puede tardar, puede ser mucho tiempo, porque, al ser las víctimas personas en formación, niñas, eso las marca en su proceso de desarrollo.

Inclusive la bebé, que cuando sucedieron los hechos tenía un año, también sufrió una afectación que puede repercutir en su desarrollo posterior, aunque es mucho más probable que esto ocurra con las víctimas de seis y ocho años, así como con sus papás”.

Las atribuciones legales de la CNDH, no obstante, sólo le permiten “recomendar” que estas acciones de reparación integral del daño sean empredidas, así como que los involucrados sean sancionados, y queda en manos de la Policía Federal y de la Procuraduría General de la República determinar si acepta o rechaza dicha recomendación.

La CNDH informó, por último, que mantendrá reservado el nombre de los policías involucrados en estos hechos, para proteger su derecho a la intimidad.