El Gobierno de Coahuila, dio a conocer que en las próximas semanas hará entrega de armamento militar a policías estatales, luego que la Secretaría de la Defensa Nacional aprobara su solicitud para el incremento del calibre en la artillería.

Fue después de los hechos de Villa Unión donde cuando policías estatales se enfrentaron a fuego abierto con miembros del crimen organizado, que el gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme, dio a conocer que habían realizado esta solicitud a las fuerzas federales.

Este enfrentamiento que ocurrió a finales de noviembre pasado, dejó un saldo de al menos 25 muertos entre quienes se encontraban dos civiles y cuatro policías.

“Recordemos que hubo una solicitud por parte del Gobierno del Estado para utilizar armas que son permitidas únicamente al Ejército Mexicano por parte de las fuerzas policiales del Estado. Esas fueron autorizadas y muy pronto las vamos a entregar”, expresó Miguel Ángel Riquelme al dar la noticia sobre el aval de la solicitud de armamento.

El aval que se dio por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, permitirá que los policías estatales ahora hagan uso de armas de calibre 7.62 milímetros con ametralladoras M-249; inversión que asciende a unos 40 millones de pesos por parte del Gobierno Estatal; sin embargo, la misma autoridad aún no ha detallado cuántos y cuáles serán los policías que hagan uso de esta artillería.

“En armamento vamos a terminar invirtiendo alrededor de 40 millones de pesos, las armas se entregarán en unos días más, una parte, esas se van a entregar en partes. Esta misma semana vamos a mandar por ella, ya están listas y la entrega será la semana entrante. Ya habíamos pagado alrededor de 8 millones de pesos en la primera parte que entregamos en Villa Unión”, ahondó Riquelme Solís.

Dicha información, la hizo al colocar la primera piedra de un nuevo cuartel militar que será instalado en el municipio de Guerrero, Coahuila, que incrementará la vigilancia de seguridad en dicha zona, al reconocer que la entidad es un paso de interés para el crimen organizado por su ubicación geográfica cercana a la frontera estadounidense.

POLICÍAS TIENEN PENDIENTES; ASEGURA ABOGADA

Cuando se dio a conocer la noticia sobre la solicitud del armamento, la activista de derechos humanos nigropetense, Ariana García Bosque, hizo la manifestación de que la solicitud se hizo la jurisprudencia del derecho humano a la seguridad; sin embargo, la ciudadanía todavía no tiene certeza de que las policías estatales tengan el criterio para atender situaciones de seguridad pública sin dañar a la ciudadanía.

“Por supuesto que es reprochable al 100 por ciento lo que sucedió en Villa Unión y nadie quiere que vuelva a suceder. Pero no hay certeza y confianza en las corporaciones en sí. Si el Estado hubiese atendido la denuncia puntual de la ciudadanía sobre abusos de autoridad, de extorsión, detenciones arbitrarias, implantación de evidencia, se podría confiar en que proporcionar ese tipo de armas a las corporaciones va a ser bien utilizado”, expresó García Bosque.