Aunque actualmente en el país, ya contamos con marcos normativos para el acceso a la información pública que han significado un avance para que los ciudadanos podamos conocer a detalle cómo es que se aplican los recursos públicos, todavía falta mucho para que la totalidad de los ciudadanos podamos ejercer este derecho. 

Desde el 28 de septiembre de 2002, activistas de la libertad de información, provenientes de 15 países reunidos en Sofía, Bulgaria, acordaron declarar esa fecha como Día Internacional del Derecho a Saber. 

Un año antes había aprobado en México la primera ley de transparencia y acceso a la información pública, iniciando un intenso proceso legislativo en la materia que ha derivado en reformas constitucionales, en la creación de una ley general y en mejores leyes en todo el país. 

Leonor Gómez Barreiro, coordinadora nacional de México Infórmate, opinó que a nivel federal todavía hay mucho que trabajar, pues aún no se ha logrado que este derecho permee en los distintos extractos de la sociedad. Por ahora, sólo un pequeño grupo de ciudadanos como periodistas, académicos e investigadores hacen uso de las herramientas.

Algunas de las propuestas que desde la sociedad civil se plantean son que, en coordinación, las mismas asociaciones que han trabajado por el acceso a la información, los órganos garantes de la transparencia y el Gobierno, realicen acciones para que este derecho sea conocido y sea ejercido por los sectores de la población como comunidades vulnerables o que trabajan otro tipo de temas que no necesariamente tienen que ver con política.

El reto, consideró Gómez Barreiro, es que todo ciudadano sepa, por ejemplo, cómo realizar una solicitud de información y que obtenga la información de cuánto se ha invertido en las luminarias de su colonia. 

“El gran reto, me parece, es que los gobiernos de todos los niveles deben entender que el ciudadano tiene derecho a contar con esa información. Tiene que haber mucha voluntad política porque ya existen marcos legales. La normativa ahí está y deben saber cómo se aplica y se implementa esa normativa”, expuso. 

Otro reto que debe superarse es que las resoluciones por parte de los Órganos Garantes de la Transparencia de todos los estados y el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) a nivel nacional, favorezcan la posición de los ciudadanos y no encubran la opacidad de los gobiernos.  

En ese sentido, se han puesto a debate varios temas de interés público que se han considerados como reservados, pero una minoría de los consejeros de los órganos garantes tienen la sensibilidad para transparentar temas que deben darse a conocer a la ciudadanía. 

“Tenemos que buscar ejemplos de éxito, de cómo el ejercicio de este derecho va a impactar en la calidad de vida de las personas y cómo se optimizan los tiempos de entrega de la información y cómo se garantiza que el derecho no les cueste a los ciudadanos”, sostuvo. 

Las herramientas digitales han facilitado que el acceso a la información sea de forma más rápida y oportuna, sin embargo, los gobiernos deben hacer que las páginas de internet sean más accesibles para la comprensión de cualquier ciudadano y también se encuentre la forma de trabajar con las personas que no tienen acceso a estas herramientas. 

Toda la información que se genera en Gobierno debe de ser pública, las reservas deben ser una excepción y, en caso de que cierta información se clasifique como reservada, los ciudadanos debemos conocer a detalle por qué no nos están proporcionando la información que solicitamos.  “En el contexto que se está viviendo actualmente en México con la sistematización y regulación de la cantidad de donativos que fueron recibidos, si nosotros queremos saber cuántos donativos recibieron y dónde fueron entregados, podemos utilizar nuestro derecho y que el Gobierno nos informe, no es si quieren o no entregar esos datos, ellos están obligados a entregar esa información”, dijo Gómez.