Los satisfactores de bienestar son vivienda digna, servicios básicos (transporte, electricidad, agua, drenaje, piso firme y pavimento), abasto de alimentos nutritivos y vestido, educación de calidad en todos los niveles, además sana recreación personal y familiar. Todo esto se obtiene con el ingreso por empleo o autoempleo, sea éste formal o informal.

En términos generales la pobreza es la incapacidad económica de tener acceso integral a los satisfactores, por tanto el bienestar es la satisfacción integral de las necesidades de la persona, la comunidad y la sociedad.

Estándares analíticos definen pobreza en tres variantes: pobreza de capacidades para el empleo y el autoempleo; pobreza de patrimonio para vivir individual y colectivamente; pobreza alimentaria para la vida saludable. Una de estas variantes implica la condición de “pobre”, con las tres variantes es pobreza extrema.

Del gasto público se pueden destinar recursos subsidiarios para que las personas, las familias y las comunidades puedan tener acceso a éstos, se habla aquí de los programas sociales, o redistribución de la riqueza.

En julio del año pasado se presentó una contradicción entre el INEGI y el CONEVAL (instancia encargada de evaluar el impacto de los programas sociales) respecto a la metodología utilizada en la medición de la pobreza en el país, de ahí que no se presentaran los datos del año 2015.

Ya con la información de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares del INEGI, a finales del mes pasado CONEVAL presentó el cálculo oficial de la pobreza en México y reportó que las personas en situación de pobreza pasaron de 55 millones 341 mil en 2014 a 53 millones 418 mil personas, esto es una reducción de 3.5 por ciento. De ellas y ellos la pobreza extrema pasó de 11.4 a 9.4 millones de personas,  9.5 a 7.6 por ciento. 

Coneval ha identificado más de 5 mil programas y acciones de desarrollo social, de los cuales poco más de 230 son federales y de éstos 83 son prioritarios por su vinculación a los derechos sociales, al bienestar y a la disminución de las carencias. El gasto asignado a estos programas prioritarios se duplicó de 2015 a 2016 (39 a 69 por ciento). Lo extraño es que hasta el año 2015 no se había reducido la pobreza en el país, al contrario, ésta seguía en aumento, lo que incluía la ineficiente coordinación entre los tres niveles de gobierno. Además se sabe que el 40 por ciento de estos recursos son gastos administrativos.

La explicación a las cifras optimistas se vincula a la reducción del empleo informal que a principios de sexenio era poco más de 60 por ciento y ahora es 57 por ciento, lo que conlleva el acceso a servicios de salud, posible crédito a vivienda, posibles incentivos salariales y futura pensión.

Pero si se analiza por el nivel de ingreso la perspectiva es diferente. Aunque en salarios Coahuila se encuentra por arriba de la media nacional, en nuestro país el salario tiene tendencia a la precarización; hace 30 años de cada 100 pesos de circulante 42 correspondían a sueldos y salarios, ahora sólo corresponden 24 pesos por cada 100 (aparte, por subcontratación temporal se añaden complicaciones contractuales para acumular antigüedad laboral). 

Es decir ha disminuido el poder adquisitivo del salario, más aún con incremento de precios hasta 6.66 por ciento a julio de este año. Así, no ha disminuido pobreza por el acceso al mercado de satisfactores de bienestar. Esto se ratifica con datos de Coneval: en los años señalados la población vulnerable por ingresos prácticamente resultó igual: de 7.1 a 7 por ciento (8.5 a 8.6 millones de personas –por incremento poblacional); mientras que vulnerabilidad por carencias sociales se incrementó de 26.3 a 26.8 por ciento (de 31.5 a 32.9 millones de personas).

Dos perspectivas de medición y análisis de la pobreza, pero igual expresión del fracaso neoliberal.