Con 80 votos a favor, 19 en contra y cuatro abstenciones, el Senado aprobó en lo general y particular el veto parcial que hizo el Ejecutivo al artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que exime a los empresarios de entregar declaraciones patrimoniales y de interés, al determinar que sólo entregarán un “manifiesto” de vínculos o relaciones de negocios personales o familiares, así como de posibles conflictos de interés, por cada evento de licitación.

Cuando incurran en sanciones administrativas graves quedarán inhabilitados para participar y cuando sean de tipo penal pueden llegar hasta los 14 años de cárcel o la disolución de la sociedad en caso de personas morales.

En tribuna, el ecologista y presidente de la Comisión Anticorrupción, Pablo Escudero, aseveró que los empresarios sí quedarán regulados con este nuevo régimen, que contempla cerca de 40 artículos relativos a inhibir y sancionar hechos de corrupción que involucren a la iniciativa privada.

Enumeró, entre otros, el artículo 44 de la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos que establece que los particulares formularán un manifiesto de vínculos o relaciones de negocios personales o familiares, así como de posibles conflictos de interés bajo el principio de máxima publicidad y en los términos de la normatividad aplicable en materia de transparencia.

“Incluimos dentro de las obligaciones que debía tener la iniciativa privada, un capítulo específico de la integridad de las personas morales, donde consideramos la política de integridad que debía de tener cada una de estas empresas, su manual de procedimientos, su código de conducta público y socializado, sistemas adecuados y eficaces del control, vigilancia y auditoría, sistemas adecuados de denuncias y procesos disciplinarios internos, sistemas y procesos de capacitación de integridad exclusivos para la iniciativa privada”, agregó.

A su vez, el PRD exigió que así como se atendió el reclamo de los empresarios para cambiar esta ley, se modifique la reforma educativa. “¿No dicen que no se negocia la ley? Llegó el momento de evaluar la educativa y hacer cambios” plantearon Alejandro Encinas y Dolores Padierna.

“No se no se trata de una discusión en contra de los empresarios como se ha querido presentar”, indicó, al aclarar que son controles para ese pequeño sector que se ha beneficiado del tráfico de influencias para amasar grandes fortunas en manos de algunos de los hombres más ricos de México y el mundo.

“Finalmente, creo que uno de los grandes méritos de este veto –quiero recalcarlo- es que el Ejecutivo demuestra que se pueden revisar las leyes, que las leyes no son de una vez y para siempre, y que se pueden reformar las reformas. Qué bueno que pudiéramos hacer ya una revisión de la Reforma Educativa, y que el magisterio mexicano tuviera el mismo tratamiento que los empresarios del país. Es el momento de reformar la reforma, de evaluar a los evaluadores y demostrar, con una actitud de responsabilidad política, que cuando una reforma no funciona, no se puede implementar como la reforma educativa, debe de cambiarse”.

Mientras el PAN, a través de Marcela Torres, reconoció que el Ejecutivo sí le enmendó la plana al Congreso, que ahora, con la cola entre las patas y entre prisas, tiene que aprobar cambios a una redacción que era grave.

Protestó porque aunque se hizo este cambio, el presidente Enrique Peña Nieto no regresó el artículo 29, relativo a las declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses de los servidores públicos, al apuntar que perdió la oportunidad de atender reclamos de la sociedad.

Desde tribuna, el petista Manuel Bartlett y Layda Sansores desacreditaron la reforma, al señalar que exhibe el sometimiento del Legislativo al presidente.