MÉXICO.- “Es una muestra del tipo de política de seguridad que se instrumentó en el país para supuestamente combatir la delincuencia organizada, esos abusos son un patrón en México”, señaló José Antonio Guevara, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).

Explicó que los involucrados deben ser investigados, procesados y castigados por la autoridad civil y no militar, debido a que se trata de tortura y “esperamos que la Procuraduría General de la República (PGR) de inmediato inicie las investigaciones en contra de la policía y los militares que participaron”. 

José Antonio aseguró que cuando hay personal militar involucrado la PGR simplemente no investiga adecuadamente los delitos, pues no hay ningún caso en el que la dependencia haya consignado ante un juez a los responsables, “hay un problema de impunidad absoluta”.

“La participación de instancias internacionales como la Corte Penal Internacional, es la única vía que tiene México para que se haga justicia en los casos de tortura”, agregó.