Congresistas demócratas, activistas hispanos y familias centroamericanas pidieron al presidente Barack Obama que no deporte a sus países de origen a niños y mujeres que han huído de la violencia en el Triángulo Norte y han solicitado el estatus de refugiados en Estados Unidos.

"Estos niños vienen de Centroamérica, vienen huyendo. No son inmigrantes indocumentados ni ilegales. Tienen el derecho, según las leyes de los Estados Unidos, de venir aquí y peticionar para su estatus como refugiados", dijo en rueda de prensa el congresista Luis Gutiérrez.

El congresista hispano estaba acompañado de un grupo de niños y madres de El Salvador y Honduras, que viajaron a Washington desde Waukegan (Illinois), una localidad conocida como "la Pequeña Honduras del Medio Oeste" de Estados Unidos, para explicar a los congresistas la realidad de cómo los refugiados centroamericanos están siendo tratados por el Gobierno de Obama.

"Obama debe frenar las deportaciones. ¿De verdad creen que estos niños deberían ser deportados a sus países?", se preguntó Gutiérrez, rodeado de niños y mujeres centroamericanos que agitaban en sus manos banderas estadounidenses. "No sólo hay refugiados en el Medio Oriente o en África. También hay en el hemisferio occidental", recordó.

Gutiérrez consideró importante que los estadounidenses vean "los rostros" de estos niños centroamericanos y conozcan sus historias.

Historias como las de Evelyn Velázquez, quien llegó a Estados Unidos con su hijo Iker, de 4 años, en mayo de 2014 huyendo de la violencia en Honduras y ante las amenazas de muerte y de secuestro de las maras.

"Llegué a Estados Unidos huyendo de todo eso, buscando como madre un mejor futuro para mi hijo", explicó a dpa Evelyn, quien fue detenida por la patrulla fronteriza y estuvo tres días en una "hielera", como se conocen a las celdas de detención en la frontera con México.

"No queremos volver a nuestro país, ya que nos hemos enfrentado a muchas amenazas de muerte", añadió Evelyn, quien asegura que no quieren ser "una carga" para Estados Unidos, sino que sólo quieren "protección". Esta hondureña es además madre de un bebé de dos meses, que es ciudadano de Estados Unidos por nacimiento.

También busca un futuro mejor el estudiante hondureño Fredy Matute, de 17 años, que cruzó la frontera solo en junio de 2014, después de que lo amenazaran de muerte en su país y viera como sus compañeros de colegio eran reclutados por las maras.

"Me quiero quedar porque aquí tengo una vida mejor, no estoy corriendo riesgo de estar en pandillas, quiero triunfar y quiero ayudar a mi familia que dejé en mi país y salir adelante y ser una buena persona", dijo Matute, quien sostenía en las manos un cuadro de la Virgen de Guadalupe.

Evelyn, Iker y Fredy entraron ilegalmente en Estados Unidos después del 1 de enero de 2014, por lo que se encuentran entre los potenciales objetivos de las redadas de deportación anunciadas recientemente por la administración Obama.

Washington estableció como prioridad para las deportaciones a los criminales convictos, aquellos que sean considerados una amenaza para la seguridad nacional y los inmigrantes indocumentados que han entrado ilegalmente en Estados Unidos con posterioridad a esa fecha.

Gutiérrez y las congresistas demócratas Lucille Roybal-Allard y Zoe Lofgren también pidieron a la administración Obama que garantice la asistencia legal gratuita a los niños que no tienen un abogado que los represente en sus casos de deportación en Estados Unidos.

Los expertos aseguran que tener asistencia legal, aumenta las posibilidades de los niños de quedarse en Estados Unidos, ya sea con asilo, estatus de refugiado u otro tipo de alivio migratorio. Sin un abogado es muy difícil para los menores navegar por el complicado sistema judicial estadounidense de inmigración y evitar la deportación, a lo que se une la dificultad añadida de que la mayoría de ellos no habla inglés.

A diferencia de lo que ocurre en un proceso criminal, en el que si el acusado no tiene dinero para pagar un abogado se le garantiza un abogado de oficio para que le defienda, en los procesos de inmigración en Estados Unidos no está garantizada la asistencia legal de un abogado.