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Piden juicio político contra jueza que otorga amparos a Medina
Monterrey, Nuevo León.- En el marco de la Jornada contra la corrupción que realiza Movimiento Ciudadano, legisladores de ese partido presentaron una solicitud de juicio político en contra de la jueza Quinta de Distrito en Materia Penal, Beatriz Joaquina Jaimes Ramos.
Lo anterior por los amparos o suspensiones que ha concedido al ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz así como familiares y colaboradores de su administración.
Dichos amparos ya suman unos 40 y de acuerdo con MC han servido para que hasta el momento estos ex funcionarios y sus parientes hayan evadido la acción de la justicia.
“Ha actuado (Jaimes Ramos) en perjuicio de los intereses públicos fundamentales, al haber admitido, tramitado y concedido 40 amparos o suspensiones”, especificó Samuel García, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso local.
La denuncia fue presentada, éste miércoles, en la Cámara de Diputados y García estuvo acompañado por Jorge Alvarez Máynez y Verónica Delgadillo, diputados federales
La solicitud también es en contra de otros dos jueces que han suspendido órdenes de aprehensión a ex gobernadores del PRI que han incurrido, presuntamente, en actos de corrupción.
Los otros señalados son: Sandra Leticia Robledo Magaña, jueza primero de Distrito de amparo en materia penal de la Ciudad de México y Ciro Carrera Santiago, juez quinto de distrito en el estado de Quintana Roo.
Se les acusa de haber ofrecido protección a través de suspensiones a Javier Duarte y Rodrigo Borge, de manera respectiva.
En la Procuraduría General de República (PGR) los legisladores presentaron una denuncia de hechos contra el ex gobernador de Veracruz.
“Por actos y omisiones en materia del patrimonio del estado de Veracruz, en materia de deuda pública; en materia de Salud y en materia de prensa debido a que durante el sexenio de Duarte fueron asesinados 17 periodistas y tres están desaparecidos”, indicó García.
Además de que las anomalías en los recursos públicos del ex mandatario se elevan a 60 mil millones de pesos.
Mientras que en el Senado de la República, se ratificó la denuncia por crímenes de lesa humanidad contra Duarte que se interpuso ante la Corte Penal Internacional en La Haya.