Ciudad de México. La Asociación Alto al Secuestro demandó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigue en qué se invirtieron los 50 mil millones de pesos que el gobierno federal transfirió desde el 2012 a gobiernos estatales y municipales canalizados, entre otros rubros, para la formación y capacitación de profesionales en el nuevo sistema de justicia penal.

En conferencia de prensa, Isabel Miranda de Wallace, presidenta de esa asociación civil, señaló que ante la mala interpretación de la Constitución se deja en libertad a quien porta arma de fuego, ya que en el país aseveró, siete de cada 10 homicidios dolosos en el país se comenten por este crimen. “Se deja en libertad a quien porta armas de fuego y explosivos, por ello es urgente ampliar el catálogo de prisión preventiva a estos ilícitos".

Pero además indicó que de junio de 2016 a mayo de este año el homicidio doloso, secuestro, lesiones dolosas, extorsión, robos con violencia, delitos sexuales y violación fueron los que tuvieron incremento en comparación con el año anterior (junio 2015 a mayo de 2016). En Veracruz por ejemplo, los homicidios dolosos se duplicaron al pasar de 8.67 a 19.11.

Añadió que a un año de la implementación del NSJP el número de estados en los que incrementaron estos delitos son: para el caso de homicidios 27, lesiones dolosas 19, extorsiones 18, total de robos con violencia 21, delitos sexuales 18 y violación 18.

Cuatro entidades, expresó, presentan incrementos en todos los delitos (Aguascalientes, Baja California Sur, Tabasco y Veracruz), diez en 6 crímenes (Chiapas, Colima, Durango, Hidalgo, Jalisco, México, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas). Sólo en el caso de Nayarit se muestra reducción en todos los delitos.

“Se tiene que hacer una evaluación por parte de la Auditoría Superior de la Federación de qué organizaciones capacitaron en cada uno de estos estados. El nuevo sistema está equivocado porque no fijaron una política criminal”.

Nuevo sistema penal, desvinculado de políticas criminales

En la ciudad de México (CDMX) por ejemplo, Miranda Wallace agregó que bajo el esquema del Nuevo Sistema de Justicia Penal, disminuyó la población penitenciaria de 41 mil 610 al inicio de la administración de Miguel Ángel Mancera a 29 mil 479 al mes de junio de 2017. Asimimo, desde 2015 han ingresado 3 mil 288 personas y salieron mil 718.

“A partir de 2015 hay muchos menos ingresos que egresos. Existe una marcada tendencia en la disminución de ingresos a partir de la entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Entre las fallas es que 1 de cada tres detenidos queda en libertad porque el juez califica de legal o ilegal la libertad. El juez se convierte en abogado defensor del procesado.

“Sólo dos de cada mil asuntos ingresados terminan en juicio oral y uno de cada dos causas tiene sentencia absolutoria. El Sistema está desvinculado de políticas criminales, además de que existe debilidad institucional y corrupción, la cual casi siempre está en contra de la víctima, lo que permite la repetición de ilícitos y su incremento.

“Hacemos un llamado para que se audité en qué se gastaron estos recursos supuestamente de capacitación, a quienes se les dieron y si realmente llevaron a cabo esta capacitación o sólo se simuló en contratos que esta formación, porque no están capacitados ni los policías, ni los ministerios públicos y muchas veces ni los propios jueces”.