Ciudad de México. Más de 500 organizaciones civiles expresaron su preocupación por “el impacto negativo” para los derechos de los niños, sus madres y padres usuarios del Programa de Estancias Infantiles que representa el rechazo del gobierno federal a la recomendación sobre el tema hecha por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Llamaron a la administración de Andrés Manuel López Obrador a reconsiderar esa decisión, atender los señalamientos del organismo nacional y a crear, de forma participativa, una política y sistema integral de cuidados y educación inicial, que priorice por los menores en mayores condiciones de exclusión y avance progresivamente hacia la universalidad, con el propósito de promover de forma equitativa el desarrollo integral desde la primera infancia para todos los niños y niñas de México.

Save of Children, la Red por los Derechos de la Infancia en México, Oxfam, REHILETE, entre muchas otras, señalaron que la no aceptación del documento de la CNDH es un retroceso en la progresividad de los derechos de la niñez, y afecta el ejercicio efectivo de las garantías de las mujeres y su desarrollo pleno.

Además, es una denostación del trabajo de un organismo autónomo como la CNDH, cuya labor es atender las quejas ciudadanas en contra de actos u omisiones violatorias de derechos humanos, y formular recomendaciones para que las autoridades correspondientes tomen las medidas necesarias para evitar o resarcir los daños.

“Existe múltiple evidencia sobre los impactos positivos que pueden tener los servicios de cuidado infantil y educación inicial de calidad en el bienestar y desarrollo integral de las niñas y niños durante la primera infancia; así como de los impactos que los sistemas de cuidados de calidad tienen para el desarrollo efectivo de las mujeres con miras a garantizar la equidad sustantiva”.

Indicaron que el artículo 3 constitucional en su reciente reforma, reconoce que la educación inicial es un derecho de todos los menores, y el artículo 4 establece que el Estado deberá velar por el interés superior de la niñez en todas sus decisiones y actuaciones, y que debe otorgar facilidades para que los particulares contribuyan en el cumplimiento de los derechos de ese sector.

“Menos de 15 por ciento de niñas y niños entre cero y tres años de edad tiene acceso a educación inicial, y las instituciones del Estado no han logrado cubrir la demanda de servicios de cuidado infantil y educación inicial para hijas e hijos de madres y padres trabajadores, situación que se agrava en hogares que viven en situación de pobreza y marginación, que es la población objetivo del citado Programa de Estancias Infantiles”.