Organizaciones civiles se manifestaron en la Plaza de Armas de Guadalajara para denunciar la omisión de las autoridades municipales, estatales y federales que siguen permitiendo la grave contaminación del Río Santiago y la presa de El Ahogado, en el municipio metropolitano de El Salto.

En el marco del octavo aniversario de la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha, quien cayó a las aguas contaminadas del río el 25 de enero de 2008 y tras 19 días en coma falleció por la gran cantidad de arsénico que se alojó en su organismo, las organizaciones ambientalistas denunciaron que las dos macro plantas de tratamiento construidas por el gobierno estatal sólo tratan el 20% de las aguas residuales de la metrópoli y una de ellas, la de El Ahogado, las vuelve a verter al río contaminado.

Indicaron que es necesario que se emita urgentemente una declaratoria de emergencia ambiental en esta zona, pues el severo problema de contaminación sigue afectando a quienes habitan en torno a la cuenca de El Ahogado.

Desde la muerte del niño Miguel Ángel, estas organizaciones se dieron a la tarea de documentar los casos de incidencia de enfermedades relacionadas con la contaminación en esta zona y, según el activista Raúl Muñoz, han detectado 2 mil 678 personas con enfermedades como cáncer, insuficiencia renal o leucemia.

Hasta el 31 de diciembre de 2015, el número de fallecidos por este tipo de padecimientos, señaló el activista, es de 628.

Las organizaciones recordaron que no sólo son las descargas residuales de los municipios metropolitanos las que han causado este grave desastre ambiental, pues en el corredor industrial de El Salto hay más de 300 empresas que producen residuos peligrosos y no hay vigilancia suficiente.

Muñoz indicó que al menos 25 empresas que vierten sus aguas a la vista de todos y sólo las autoridades responsables de esta vigilancia son las que no se percatan de ello.

El activista señaló que incluso la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco se ha convertido en palero de las instituciones y ya ni siquiera exige el cumplimiento de la “macro recomendación” que emitió en enero de 2009, iniciada tras la muerte de Miguel Ángel López Rocha, y que implica a todos los ayuntamientos metropolitanos y a las autoridades estatales.