El secretario de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio Chong, pidió hoy dejar de culpar al gobierno por la desaparición de 43 estudiantes en el sur del país, atacados hace un año por policías municipales aliados con una organización criminal.

"La culpa ha sido de la policía municipal que participó en esta tragedia. Nosotros (el gobierno federal) no tuvimos nada que ver en esto. Sí tenemos que ver mucho en encontrar la verdad. Queremos conocer la verdad, nosotros no tenemos nada que ocultar", dijo el secretario en entrevista con Radio Fórmula.

De acuerdo con la versión de la fiscalía, los 43 estudiantes, que pertenecían a una escuela normal de la comunidad de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 tras ser atacados por policías del municipio de Iguala que los entregaron al cártel Guerreros Unidos. Al confundirlos con miembros de un grupo rival, los jóvenes fueron asesinados e incinerados en un basurero.

Tras una investigación de seis meses, un grupo de expertos independientes comandados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desacreditó la hipótesis de la incineración en el basurero debido a "inconsistencias científicas". El grupo tendrá seis meses más para investigar el caso a pedido del gobierno y de los padres de los desaparecidos.

"Si están aquí los expertos, queremos que nos digan las líneas que debemos investigar y nos lleven a las conclusiones para dárselas todos juntos a los padres y a los mexicanos", sostuvo Chong, quien agregó que no se trata sólo de decir si la investigación estuvo bien o mal, sino "de que nos digan qué pasó en Ayotzinapa".

El secretario insistió en que las instancias del gobierno "harán lo que se tenga que hacer" para esclarecer el caso. Además, aseguró que las líneas de comunicación con los padres están abiertas, aunque éstos insistan en que no los apoyan.

Los padres de los 43 jóvenes sostienen que el gobierno no presta la suficiente atención al tema e incluso lo culpan por la desaparición. En diversas ocasiones han manifestado su desconfianza hacia las conclusiones de la fiscalía, la que se acrecentó tras el informe del grupo de expertos presentando en septiembre.

El estado mexicano solicitó a la CIDH que envíe al grupo para que realice las investigaciones la primera vez, en marzo. Luego de sus primeras conclusiones, los expertos pidieron la extensión de sus labores, lo que fue acordado por el gobierno, con el que planificarán las rutas de investigación para el caso.

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