A través de su apoderado legal Antonio Collado, el ex dirigente nacional del PRI presentó su demanda de juicio de garantías ante María Dolores Núñez Solorio, Juez Cuarto de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, sin embargo, el recurso de momento no fue admitido.

La juzgadora hizo una prevención al sonorense, para que aclare en un plazo de 5 días los actos específicos que le reclama a cada una de las autoridades, como condición para admitirle su amparo, indican los acuerdos publicados del expediente 628/2018.

Los actos que el priista reclama son la orden de aprehensión, comparecencia y citatorio; el no acceso a cualquier investigación o averiguación previa seguida en su contra; y, en específico, a la carpeta de investigación 1/16-UIESP-2.

"Sin embargo, no se advierte que el promovente especifique que acto le atribuye a cada una de las autoridades que señaló en el escrito que se provee, ello, en virtud que señala como autoridades responsables entre otras a jueces de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio en el estado de Chihuahua, quienes dada su naturaleza no tienen facultades para integrar carpetas de investigación y/o averiguación previa.

 

"Por lo que se requiere al promovente para que especifique el acto que atribuye a cada una de las autoridades que señala como responsables", dice la juez Núñez Solorio.

De acuerdo con testimonios que originalmente recabó la Fiscalía de Chihuahua, Beltrones habría gestionado recursos ante la Secretaría de Hacienda de Luis Videgaray, para entregarlos al gobierno de César Duarte y luego triangularlos a las campañas del PRI en el 2016.

Con base en dicho expediente, Alejandro Gutiérrez, su colaborador y ex secretario general adjunto del CEN del PRI, fue aprehendido el 21 de diciembre en Torreón, Coahuila, por el delito de peculado.

Beltrones presentó el 26 de diciembre siguiente su primer amparo contra una orden de aprehensión, pero más tarde fue sobreseído debido a que la Fiscalía estatal comunicó a un juzgado federal que no investigaba al sonorense.

El pasado 6 de abril un tribunal colegiado determinó que este caso de los desvíos a las campañas del PRI no era competencia del fuero común y por ello turnó la investigación a la PGR y el proceso a un juzgado de control federal del Reclusorio Norte en la Ciudad de México.

Con información de Reforma