Ya que el número de robos a casa habitación va en aumento, tan solo 87 mil 295 averiguaciones por este delito en 2016, el diputado federal por Nuevo León, Carlos de la Fuente, presentó iniciativa de ley para que, en caso de existir exceso en la legítima defensa por este tipo de situaciones, la ley esté a favor del afectado, siempre y cuando los acontecimientos sucedan en el domicilio de éste.

Lo anterior, explicó el legislador en Tribuna, al adicionar un segundo párrafo al artículo 16 del Código Penal Federal y reformar el artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Argumentó que poseer armas en México es un derecho garantizado en el Artículo 10 de la Constitución, es legal poseer en nuestro domicilio privado y usarla para nuestra seguridad y legítima defensa.

“Pero ¿de qué sirve poder tener un arma en nuestros domicilios si al momento de usarlas para defender la vida de nuestros hijos, corremos el riesgo de ser condenados por el hecho de no utilizar un medio proporcional y adecuado al carácter del ataque o debido a que ejercimos nuestra fuerza de manera irracional?”, cuestionó.

Sostuvo que “nuestro hogar es el espacio donde deberíamos sentirnos más seguros; sin embargo, no es así en México porque la inseguridad, la injusticia, la impunidad nos muestra otra realidad”, lamentó.

En la actualidad, dijo, la víctima que ante la agresión de un tercero actúa en defensa propia, está justificada por la ley. Sin embargo, no todo le está permitido hacer: existen límites para neutralizar el ataque, que deben tener una coherencia con el nivel de la agresión.

Según los datos del Inegi, el 67.7 por ciento de la población mayor a 18 años se siente insegura en esta país, el 59.1 por ciento de dicha referencia siente que la inseguridad o la delincuencia es el problema más importante que aqueja al país y el robo a casa-habitación ha sido considerado uno de los delitos de mayor crecimiento en México.

Durante la Sesión Ordinaria, Carlos De la Fuente sostuvo que: “es momento de combatir a la corrupción y la delincuencia y de comprometernos a realizar políticas públicas de seguridad humana sustentadas en diagnósticos reales e indicadores de desempeño e impacto; es momento de eliminar acciones que no han funcionado y trabajar en acciones reales”.

Agregó que si hoy se observa entidades y municipios en condiciones graves de inseguridad, si la violencia en algunas regiones se ha mantenido, si no se ha cumplido a cabalidad la adecuada implementación del sistema de justicia penal acusatorio, si no se ha cumplido con la Ley General de Víctimas, así como con diversos tratados internacionales que tutelan los derechos humanos, es también por la responsabilidad de autoridades locales y municipales.

El Diputado por Nuevo León señaló que es tiempo de rescatar la tranquilidad del hogar de los mexicanos, de avanzar en la doctrina penal y hacer que las leyes y códigos velen por la seguridad y la justicia brindando mayores beneficios a las víctimas de este lamentable delito violento.

Para su análisis, la propuesta de ley fue turnada a la Comisión de Justicia.