El problema de la corrupción en la que incurren funcionarios públicos en Coahuila como en el resto del país, debe sancionarse con la inhabilitación de los funcionarios e incluso que no vuelvan a laborar en el servicio público, consideró el diputado Édgar Sánchez Garza.

De ahí que el legislador local promovió ante el Congreso del Estado la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Coahuila, con la finalidad de impedir que los servidores públicos que resulten inhabilitados o sancionados por un acto de corrupción, vuelvan nuevamente a laborar en el servicio público, estatal o municipal.

“Y como ejemplo de la corrupción en Coahuila, tenemos recientemente el caso del extesorero Javier Villarreal, donde se falsificaron decretos del propio Congreso del Estado, sin que hasta le fecha de igual manera haya habido sanción alguna para esta persona, a excepción de las autoridades de los Estados Unidos que lo detuvieron e investigan por varios delitos financieros”, expresó. 

Expuso que la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, abrió la oportunidad de corregir las fallas e insuficiencias que han posibilitado que la corrupción sea percibida por la sociedad como una práctica extendida y sistemática en el ejercicio de la función pública.

Sin embargo, dijo que a pesar de los esfuerzos por establecer un nuevo sistema anticorrupción, y probablemente por las resistencias que ha despertado, en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017, la calificación de México empeoró por un punto, pasando de 30 a 29, en una escala que va de 0 a 100, donde 0 es el país peor evaluado en corrupción y 100 es el mejor evaluado en la materia.

“Ante el reto de revertir la situación descrita, a nivel estatal, se debe mandar un claro mensaje a la sociedad, de un verdadero combate a la corrupción”, propuso.