A raíz de que se dio a conocer que universidades de Coahuila operan sin que sus programas cuenten con validez oficial, el Congreso del Estado pedirá a la Secretaría de Educación Pública que supervise las autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios y que ponga lupa a las instituciones privadas que se instalen en la entidad.

La diputada local del PRI, Diana González Soto, presentó un punto de acuerdo en el que aseguró que la llegada de nuevas instituciones educativas es positiva para el estado, pues amplía el abanico de opciones para los estudiantes, sin embargo indicó que es responsabilidad de las autoridades educativas revisar que su operación esté respaldada con los requisitos que marca la Ley.

“Resulta importante que el estudiante de una institución educativa privada y los padres de familia o tutores, se encuentren informados acerca del reconocimiento de  validez oficial de la institución, cerciorándose de que cuente con la certificación oficial, que le dé certeza de la validez oficial de estudios y le garantice la incorporación legal al sistema laboral formal”, dijo.

Señaló que además del reciente caso de la Universidad Autónoma de Durango, hay otras instituciones que también se detectó que operan sin el reconocimiento de validez oficial o que el mismo está en trámite, lo cual está permitido, aunque debe de informarse a los padres de familia y a los alumnos.

“Si bien es cierto, la ley permite que los particulares que presten servicios por los que se impartan estudios sin reconocimiento de validez oficial, también lo es, que están obligados a mencionarlo en su correspondiente documentación y publicidad, y que está en trámite su (RVOE) Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios”, explicó.

Por lo tanto, a través del punto de acuerdo se solicitará a la Secretaría de Educación Pública que supervise que las autorizaciones y reconocimientos de validez de estudios se otorguen únicamente a particulares que así lo soliciten y hayan cumplido con los requisitos que establecen las leyes.

“Se solicita a la SEP que monitoree de manera periódica las escuelas y universidades privadas que recién se instalen en nuestro estado a fin de conocer en tiempo y forma el estatus legal de dichas instituciones. Asimismo, alerte a la ciudadanía y en su caso sancione a quienes prestan servicios educativos ostentándose como plantel incorporado a la SEP sin estarlo”, concluyó.