Armando Castilla Galindo
Director de Vanguardia
Presente.

Con base en mi derecho de réplica, respondo a la carta enviada el día de ayer a este medio de comunicación, por el Defensor de los Derechos Humanos Universitarios de la Universidad Autónoma de Coahuila, Alfonso Yáñez Arreola.

Su misiva responde a mi acusación en su contra por ser doblemente parcial; tanto en su titularidad de dicha Defensoría; como en su aspiración a ser director de la Facultad de Jurisprudencia el próximo año.

Dicha acusación aparece en mi réplica escrita al rector de la misma institución, Salvador Hernández Vélez, y publicada aquí el pasado 20 de marzo de 2019.

Con igual respeto y consideración le respondo, licenciado Yáñez:

Le propongo que hoy, en su primer Informe Anual de Resultados de la Defensoría de Derechos Humanos y de la cual aparece como responsable, realice un doble pronunciamiento público con el fin de demostrar su plena imparcialidad para resolver el problema del acoso sexual en la universidad.

Primero: Renuncie a su cargo, porque su amistad fraterna y cercanía política con Leonardo Borrego, exsecretario técnico de la Facultad de Jurisprudencia y promotor de los “packs” que distribuían imágenes íntimas de mujeres estudiantes de la misma facultad, le impide, a todas luces, ser juez y parte en tan delicada situación. Le sugiero, por ello, evitarse la vergüenza de este conflicto de intereses.

Segundo: Renuncie a su aspiración de ser director de la Facultad de Jurisprudencia el próximo año, por dos razones: porque falló a las mujeres de su universidad, al no detectar y plantear respuestas a la flagrancia cotidiana del acoso sexual a su interior. Y porque erró al no ofrecerle a su rector, una respuesta inmediata a la cloaca de violencia sexual abierta en su Facultad, acorde a las exigencias de los estándares internacionales en el tema de género.

Peor aún, el año pasado, en el caso de violencia de género contra Martín Alday Hernández, director de la preparatoria Mariano Narváez, usted sometió a la víctima del director a un procedimiento de mediación, donde se “privilegió el diálogo, la mediación y el sentido común” (Vanguardia, 23 de septiembre 2018). 

¿Sabía usted, licenciado Yáñez, que la Ley prohíbe la mediación en casos de violencia de género? Por lo tanto, con base en los tres casos antes mencionados, le sugiero evitarse mostrar sus limitaciones institucionales.

Sólo si usted realiza ese doble pronunciamiento público en su Informe, licenciado Yáñez, reconoceré su imparcialidad basada en un compromiso irreductible con la protección de los derechos humanos de las estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila. Sólo así, licenciado. Sólo así, con su renuncia demostrará su imparcialidad.

Atentamente, Luis García Abusaíd

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