Cd. Juárez.- Entre 2012 y 2014 la administración de Cesar Duarte hizo depósitos por casi 80 mil millones de pesos a una sociedad financiera privada de la que su actual Secretario de Hacienda resultó ser abogado y accionista. Inicialmente se denunció penalmente que se trataba de recursos públicos de Chihuahua, pero la Procuraduría General de la República (PGR)  indaga ahora el desvío de recursos federales en esas transacciones.

Esto luego de que en diciembre de 2015, abogados que colaboran en la investigación presentaron ante la Unidad de Análisis Financiero de la PGR solicitudes de nuevas diligencias, para que no solo se comprobaran los depósitos, sino el origen del dinero que se envió a dicha sociedad financiera a través de casi 350 transferencias.

“Se tienen indicios que han surgido en el transcurso de la indagatoria iniciada desde 2014 de que dinero de programas federales está mezclado en estas operaciones. La PGR tiene a un equipo indagándolo (…) estaría obligada a actuar en defensa del erario de la federación” dijo en entrevista  Jaime García Chávez, presidente de Unión Ciudadana, la organización que funge como coadyuvante en el caso.

Las operaciones sospechosas, que Duarte admite que se hicieron sin su conocimiento ni autorización, enriquecieron a la sociedad financiera Unión Progreso que junto con otras, se fusionaron para formar el Banco Progreso, del cual el propio gobernador buscó tener participación accionaria a través de un fideicomiso.

García Chávez detalló a Animal Político que luego de que la promoción de las nuevas diligencias fue acepada por la PGR en diciembre pasado, un equipo de la Unidad de Análisis Financiero de la PGR estuvo trabajando diez días en la ciudad de Chihuahua para recabar la información relacionada con los depósitos.

“Se busca diseccionar la mezcla de recursos estatales o federales de que ha dispuesto César Duarte y Jaime Herrera Corral (secretario de Hacienda), en movimientos que obran ya agregados al expediente. En otras palabras, se quiere saber qué recursos son de Chihuahua y cuáles federales (…) de confirmarse el desvío de recursos federales le da mayor gravedad al asunto” dijo Jaime García.

Cabe señalar que la Auditoría Superior de la Federación, en su análisis de la cuenta pública 2014,  advirtió irregularidades de Chihuahua en casi todos los programas y subsidios federales revisados, incluyendo operaciones en donde el destino del dinero no fue corroborado.

Esta línea de investigación se integra a la averiguación previa PGR/UEAF/001/2014-19 que la PGR integra a partir de la denuncia que se interpuso en septiembre de 2014 por enriquecimiento ilícito, uso indebido del servicio púbico y otros delitos. El expediente ya tiene hoy más de 95 mil páginas y continúa en integración.
“El banco del Gobernador”

En septiembre de 2014 el colectivo Unión Ciudadana denunció ante la PGR y ante la Fiscalía de Chihuahua al gobernador Cesar Duarte,  a su secretario de Hacienda Jaime Herrera Corral, y a otros funcionarios que presuntamente utilizaron dinero público y de origen dudoso para impulsar una sociedad financiera de la que eran accionistas.

Uno de los puntos clave fue el Fideicomiso número 74474 abierto en 2012 por el gobernador Cesar Duarte y su esposa Bertha Olga Gómez Fong, con un fondo de 65 millones de pesos,.

El contrato de ese fideicomiso, del que Animal Político tiene copia también, establece en el apartado B de las declaraciones que el objetivo del mismo es que “en el futuro se adquieren las acciones de BANCO que integran el patrimonio del presente fideicomiso”.

En las definiciones se establece como BANCO a la institución de banca múltiple denominada Banco Progreso, que surgirá de una reestructura de sociedades financieras. En 2014 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizó la creación de dicho banco de la fusión de la sociedad financiera Unión Progreso y otras.

Cesar Duarte dio varias declaraciones a finales del 2012 para intentar explicar el fideicomiso, que según la denuncia en PGR se implementó con recursos que no se justifican de acuerdo a los ingresos del mandatario estatal. El gobernador dijo que el dinero era resultado de su actividad empresarial de venta de autos y como ganadero.

Sobre el objetivo del fideicomiso, Duarte dijo primero que este solo se creó para fortalecer la reestructura de varias sociedades financieras en un banco y que no quería ser socio del mismo, pero luego reconoció que había firmado el fideicomiso “sin leerlo”.

El caos cobró relevancia porque entre 2012 y 2014 el gobierno estatal hizo depósitos e dichas sociedades financieras por cientos de millones de pesos, lo que contribuyó a su fortalecimiento.

Sobre esos depósitos, Duarte di primero que era un “conflicto de interés relativo” y justificó que se llevaron a cabo porque Unión Progreso ofrecía las mejores tasas de interés, pero luego admitió que esos movimientos fueron autorizados por su secretario de Hacienda sin su conocimiento. “De haberlo sabido no los hubiera autorizado” confesó.
Secretario incómodo

Pese a ser secretario de Hacienda en funciones, Herrera Corral mantuvo su empleo en Unión Progreso. En la autorización de la fundación del Banco Progreso que publicó la Comisión Bancaria en abril de 2014,  aparece el nombre del funcionario como representante legal de las sociedades financiera.

En una entrevista en diciembre de 2014 Herrera confirmó públicamente que fue abogado de la referida sociedad y que luego se convirtió en accionista de la misma. Reconoció también que la dependencia que encabezaba hizo múltiples depósitos en su sociedad financiera pero no lo consideró como un conflicto de interés.

Hasta ahora la investigación por estos hechos sigue en curso enl a PGR y no hay conclusiones, pero la Auditoría Superior de la Federación en su revisión de la cuenta pública 2014 identificó irregularidades que involucran a la Secretaría de Hacienda estatal en el manejo de 15 partidas de recursos públicos federales.

Dichas deficiencias van desde la no comprobación adecuada del destino del dinero, el  no gastar el recursos para los conceptos que se destinan y retenerlos, la expedición de facturas irregulares, anomalías en procesos de contratación, ausencia de políticas de gasto y comprobación de resultados etcétera.

En uno de los dictámenes remitidos por los auditores, el relacionado con el manejo de 600 millones de pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples, se estableció incluso que la dependencia  no tenía un código de ética para el manejo del dinero ni una forma de sancionar comportamientos no éticos detectados en el manejo del dinero.

A esto se suman incumplimientos en la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Tan solo en el caso de la auditoría de este Fondo Múltiple, se concluyó que se desconocía el destino real de 100 de los 600 millones de pesos entregados por la Federación.
Pedirán cierre del expediente

Los denunciantes y coadyuvantes en este caso, el colectivo Unión Ciudadana, dará a conocer en las próximas dos semanas una carta dirigida a la procuradora Arely Gómez para que en breve se concluya con la integración de la averiguación previa PGR/UEAF/001/2014-19 y se determine si se procede o no penalmente en contra de los funcionarios.

Jaime García señaló que el expediente ya consta de 95 tomos con más de 95 mil páginas, por lo que dijo que al parecer de los abogados, una vez esclarecido el origen de recursos estatales y federales puede tomarse una resolución.

“Se ha hecho una investigación profunda.  Hay infinidad de informes de la Comisión Nacional Bancaria del Banco de México, de las contralorías, de informes fiscales, del ejercicio e intercambio crediticio con tarjetas, de las cuentas del propio Duarte y sus familiares. Este cumulo de diligencias ha arrojado nuevos elementos” dijo.

Desde su punto de vista, la evidencia que el Ministerio Público federal ha recabado hasta ahora , la información pública disponible y las propias declaraciones del gobernador y funcionarios involucrados, comprueban que hubo un enriquecimiento ilícito y un ejercicio ilegal del servicio público por el abuso en el manejo de dinero

“No puede ser legal que deposites dinero de los contribuyentes de Chihuahua o recursos federales en el banco del cual su Secretario de Hacienda es accionista y tú también querías serlo.  Esto cae por su propio peso” dijo.