México, DF. El Comité de Evaluación de los Lineamientos para la Protección de Testigos Colaboradores, de la Procuraduría General de la República (PGR) resolvió quedarse sólo con 11 personas en este programa, de las 66 con las que se inició en la presente administración.

De esta forma, en la presente administración ha ocurrido una baja de 83.3 por ciento en el uso de esta figura, tanto para la integración de averiguaciones previas como para sostener los procesos en diferentes juzgados.

La PGR informó ayer que tras la sesión del Comité de Evaluación de los Lineamientos para la Protección de Testigos Colaboradores, se determinó dar de baja a más personas de este programa que sustenta averiguaciones previas.

En la sesión de trabajo se analizó la situación que guardan las personas que forman parte de dicho programa, por lo que se determinó que como resultado del análisis, se decidió dar de baja a tres de los 14 testigos con los que se comenzó 2015.

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De acuerdo con el reporte de la PGR, al inicio de la presente administración en 2012, se contaba con 66 testigos colaboradores, los que disminuyeron a 53 para 2013, bajó a 40 en el pasado y se comenzó con 14 en 2015.

Durante la reunión de trabajo del Comité de Evaluación, la procuradora general de la República, Arely Gómez González, giró instrucciones para evitar abusos en el empleo de esta figura.

Además la funcionaria giró instrucciones para que, por lo menos cada tres meses, se revise la utilidad de las declaraciones en los procesos penales en los que están participando testigos protegidos.

“Destacó que en administraciones pasadas, basar las investigaciones en el uso de testigos colaboradores o protegidos, llegó a convertirse en una práctica recurrente, sin algún otro sustento.

“Ante esta situación, en el marco del eje rector de actuación relativo a la Procuración de Justicia Eficaz y Eficiente, la procuradora general de la República, Arely Gómez,  instruyó que para evitar abusos en el empleo de esta figura”, explicó la dependencia en un comunicado.

Gómez González señaló que ninguna averiguación previa, en su ejercicio de la acción penal, deberá sustentarse sólo con el dicho de un testigo colaborador, por lo que tendrán que estar sustentadas con otros medios de prueba.

Otra indicación que giró la procuradora fue que se revise el comportamiento y disponibilidad de los testigos colaboradores, para que se determine la pertinencia de su continuidad en el programa.

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Los integrantes de este programa, por el servicio que prestan a la PGR reciben, de acuerdo a los convenios a los que llegan, apoyos en vivienda, alimentos, seguridad, salud, transporte.

De acuerdo con información proporcionada por la dependencia a una solicitud de información, a través del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), entre 2000 y 2012, durante las administraciones panistas gastaron 178 millones 261 mil 493 pesos en este programa.

Operación limpieza

Uno de los casos más representativos del uso de testigos protegidos con malos resultados es el de Roberto López Nájera, quien bajo la clave de Jennifer realizó testimonios en contra de  exfuncionarios y militares en la llamada Operación limpieza. En este caso, todos los involucrados, generales y otros mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional y funcionarios de la PGR ya obtuvieron su libertad.

Ataque en Morelia

El 27 de mayo del presente año, Emilio Enrique Pedroza, juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales, en el estado de Jalisco, absolvió y ordenó la inmediata libertad de los cuatro detenidos por los atentados con granadas el 15 de septiembre de 2008 en Morelia, Michoacán. De esta forma Alfredo Rosas Elíseo, alias El Socio; Juan Carlos Castro, alias El Grande, y Julio César Mondragón Mendoza, alias El Tierra Caliente, y un cuarto involucrado quedaron en libertad. Entre los argumentos del juez se indicó que el MP fabricó pruebas, violó los derechos de los detenidos y desacreditó los testimonios de testigos protegidos.

Caso Gordillo, vigente

En el proceso que se le sigue a la profesora Elba Esther Gordillo, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, se usaron los testimonios del testigo protegido Érick Salvador Rodríguez García, quien falleció en marzo pasado. Mientras tanto, Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, colaboradora de la maestra en el SNTE y coacusada, se ofreció como testigo protegido. De esta forma, la acusada aún comparece.