CIUDAD DE MÉXICO.- La Procuraduría General de la República (PGR) construye una quinta versión de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, la cual resulta contradictoria por la filtración de declaraciones que no aparecen en el expediente y por la fragmentación de la indagatoria central que realiza la Subprocuraduría de Derechos Humanos, advirtió el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Al presentar los retos que enfrentan, los integrantes del GIEI explicaron que han detectado hasta 12 averiguaciones previas relacionadas con el caso Iguala que no se han integrado por completo a la investigación principal, incluyendo la que se derivó de la captura de Gildardo López Astudillo, “El Gil”, considerado como uno de los principales lugartenientes del grupo criminal Guerreros Unidos. 

Claudia Paz explicó que “la fragmentación de la pesquisa provoca que el GIEI no tenga acceso completo a los expedientes relacionados con la desaparición de los normalistas, por lo que no se pueden conocer las declaraciones ministeriales de personajes clave como “El Gil” y de otros involucrados en el ataque contra los estudiantes, lo que genera dispersión de la información y pérdida de datos relevantes”. 

Los expertos de la CIDH denunciaron que los 22 policías municipales consignados con motivo de estos hechos, podrían ser liberados debido a la falta de pruebas con que se les consignó por el homicidio de las seis personas durante los eventos registrados la noche del 26 de septiembre. 

Ante los errores cometidos en la indagatoria, un juez federal les otorgó un amparo que revocó el auto de formal prisión, y se argumentó que no se probó ni se demostró que fueran partícipes en la desaparición. 

Otra irregularidad es el hallazgo de restos óseos en un paraje del municipio de Cocula conocido como La Carnicería, los cuales no fueron procesados conforme a los protocolos que marcó el equipo argentino de antropología forense y que a más de un año de los hechos siguen sin integrarse al expediente principal de la averiguación previa 1/2015 de la Subprocuraduría de Derechos Humanos. 

Paz explicó que los restos óseos fueron localizados por las denuncias presentadas por los padres de los 43 normalistas durante las búsquedas realizadas por ellos entre octubre y noviembre de 2014, por lo que debieron integrarse a la averiguación previa principal en lugar de dejar el expediente en manos de la SEIDO. 

Los expertos expusieron que “la quinta versión que se pretende posicionar plantea que sólo 17 normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula, tema que comenzó a cobrar fuerza a partir de que el GIEI rechazó que en ese mismo lugar se haya encendido una gran hoguera para calcinar a los 43 estudiantes”. 

Ángela Buitrago agregó que “la nueva versión se sustenta en la filtración de declaraciones ministeriales de personas detenidas durante el año 2015, las cuales no se pueden consultar de forma abierta en el expediente, puesto que se encuentran en las averiguaciones previas que no se han integrado a la investigación principal”. 

El argumento para no integrarlas al expediente principal es que se derivan de delitos cometidos en flagrancia y que están relacionadas con otros casos de delincuencia organizada. 
Francisco Cox dio a conocer que “todavía faltan diligencias por realizar”.