Mientras en Brasil, Argentina, Perú, Ecuador y otras naciones se ha difundido información de los funcionarios que recibieron sobornos de la compañía Odebrecht para conseguir contratos en obras de petroquímica, en México la Procuraduría General de la República (PGR) reservó hasta por un periodo de cinco años todos los informes, reportes y órdenes de investigación relacionados con este caso.

Este fue el resultado de una solicitud de información pública presentada por un particular, y de esa manera la dependencia negará cualquier documento relacionado que acredite el pago de sobornos a funcionarios mexicanos por el lapso de cinco años.

La petición se formuló en los siguientes términos: ‘‘Solicito conocer todos los reportes, actas, oficios, resoluciones, correspondencia, acuerdos, directrices, circulares, convenios o cualquier otra comunicación emitida y recibida por esta dependencia relacionada con la empresa Odebrecht, y su subsidaria Braskem, sobre la investigación de supuestos sobornos que habrían pagado a servidores públicos en México’’.

En ese contexto, la procuraduría respondió, mediante el oficio PGR/UTAG/01304/2017: ‘‘Las expresiones documentales solicitadas (…) se encuentran clasificadas como reservadas’’, acorde con lo establecido en los artículos 99 y 104 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el artículo 34 de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de información, ‘‘así como para la elaboración de versiones (...)publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016, podría permanecer con tal carácter hasta por cinco años’’.

En México, presuntamente 10 ex altos funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) fueron sobornados para que beneficiaran a la empresa Odebrecht y su subsidaria Braskem, y estas compañías obtuvieran la asignación del complejo petroquímico de polietileno, Etileno XXI. La planta entró en operación en 2016.

En Perú fue detenido Edwin Luyo, ex presidente del comité de licitación de la Línea 1 del Metro de Lima, por haber recibido más de 8 millones de dólares por asignar esa obra a Odebrecht; en tanto que en Colombia fue detenido el ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales, por haber recibido un soborno de 6.5 millones de dólares por haber asignado a la empresa brasileña un tramo carretero de 500 kilómetros.

Este caso fue dado a conocer por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en diciembre pasado, luego de que directivos de Odebrecht reconocieron haber entregado sobornos a funcionarios de Venezuela, Perú, México, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Guatemala, además de Mozambique, Panamá y República Dominicana, entre otras, para que se le asignaran contratos de obra pública.