La Procuraduría General de Justicia de Coahuila se evidenció ayer —una vez más— al ser incapaz de acreditar los elementos mínimos necesarios para sujetar a proceso a Noé Garza Garza como presunto responsable del delito de corrupción de menores.

La audiencia de imputación, realizada ayer, demostró que el Ministerio Público de Coahuila no se ha preparado de forma adecuada para actuar en el nuevo sistema de justicia penal y ello deja un pésimo sabor de boca porque de la adecuada actuación de la fiscalía depende que quien cometa un delito efectivamente pueda ser castigado por ello.

En este caso particular, la pifia de la dependencia a cargo de Homero Ramos Gloria resulta especialmente lamentable, porque desde el principio se han formulado señalamientos en el sentido de que, más allá de lo legal, la detención de Garza Garza se habría dado por razones políticas.

Ya desde el boletín de prensa emitido por la Procuraduría para dar a conocer la detención de Noé Garza, podían advertirse las irregularidades en que habrían incurrido los elementos que realizaron el arresto, así como los errores procedimentales cometidos por el Ministerio Público. La determinación del juez de la causa, de considerar insuficientes las evidencias presentadas para vincular a proceso al detenido, confirmaron las sospechas.

Tal determinación no solamente deja claro que en el órgano responsable de la procuración de justicia en Coahuila no se ha hecho lo suficiente para capacitar adecuadamente a su personal, sino que fortalece —con razón o sin ella— la hipótesis del móvil político detrás de la detención.

Habrá que esperar aún a ver si lo hecho por los elementos policiales de Coahuila, así como por el Ministerio Público local, no termina impidiendo que la instancia federal pueda construir un caso por presunto tráfico de estupefacientes, única razón por la cual Noé Garza sigue detenido.

Por lo pronto, la defensa de Garza Garza ya anunció que buscará, por la vía del amparo, obtener su libertad y desde ahora se puede apostar que la estrategia será la misma que ya les rindió buenos frutos ayer: señalar las violaciones legales y los errores procedimientales en los cuales han incurrido quienes participaron en el arresto y en el procesamiento del caso.

Más allá del nombre de quien es hoy el acusado y la relevancia que el caso pueda tener en términos de la agenda política del Estado, el episodio sirve para poner el acento en lo importante: si en un asunto en el cual la Procuraduría tenía la obligación de actuar con particular escrúpulo, sus personeros fueron incapaces de lograr la vinculación a proceso del detenido, ya podemos ir apostando a que los delincuentes saldrán por la puerta de enfrente de los juzgados debido a la incapacidad de la parte acusadora para armar sus casos.

El asunto es grave y debe ser objeto de acciones concretas por parte del Gobierno Estatal, porque por esa ruta el nuevo sistema de justicia penal va a terminar ofreciendo la visión distorsionada de que era preferible el anterior modelo.