Cada vez que ocurre un hecho delictivo que sacude a la comunidad, las autoridades responsables de su persecución reciben una suerte de “presión extra” por parte de la ciudadanía para actuar con celeridad en la resolución del caso y concretar el arresto de los responsables.

En esta categoría de hechos se ubica, sin duda, el asalto ocurrido el fin de semana anterior en un centro comercial del oriente de Saltillo a donde llegó un grupo de individuos armados y asaltó una tienda obteniendo un botín que se calcula en dos millones de pesos.

Y la presión extra que reciben las autoridades en este tipo de casos implica que se espera información permanente respecto del progreso de las investigaciones, información que demuestre la eficacia de los investigadores en la tarea de dar con los responsables.

En este sentido, lo que se espera es que la información que se proporcione se refiera a las líneas de investigación abiertas, es decir, a la dirección en la cual apuntan las evidencias existentes.

De espaldas a esta posibilidad, a la Procuraduría General de Justicia de Coahuila parece resultarle mucho más importante decirnos qué líneas de investigación han sido descartadas, como si lo importante fuera que la especulación que se da en las calles sea una “especulación adecuada”.

Probablemente por ello, la vocería de la dependencia se ha apresurado a “aclarar” que de las investigaciones realizadas hasta ahora se desprende claramente que los perpetradores del asalto no pertenecen a uno de los “grandes grupos delincuenciales”, sino a un a banda de menor relevancia.

En el propósito de hacernos saber qué líneas de investigación han sido descartadas, la PGJE podría decir también que no se trata de un grupo terrorista o que detrás del golpe no se ubica ningún grupo armado con agenda política en el País o el extranjero. Y una docena más de hipótesis.

¿Por qué es tan importante para la institución responsable de procurar justicia en Coahuila que los ciudadanos no pensemos que se trata de un grupo de la delincuencia organizada el que está detrás del atraco? ¿Por qué en lugar de hacer su trabajo y arrestar a los responsables del delito invierte tiempo y recursos en “aclararnos” cuáles son las respuestas incorrectas?

A reserva de que la dependencia aclare el sentido de su interés, lo que parece denotar con sus declaraciones es que le preocupa más la agenda política del Estado que el cumplimiento cabal de sus funciones.

Porque si este delito —o cualquier otro— es responsabilidad del crimen organizado, pues ésa es la verdad y lo mejor es saberla porque sólo así se tomarán medidas orientadas a modificar la realidad que padecemos. Intentar “maquillarla”, lejos de generar confianza entre los ciudadanos, lo único que logra es convocarnos a no creer en las autoridades.

Que se hagan las investigaciones. Que se esclarezcan los delitos exponiendo la verdad. Plantear hipótesis “convenientes” de antemano equivale a pavimentar el camino hacia el infierno. El infierno de una procuración de justicia pervertida por la agenda política.