Los esfuerzos del Vaticano para investigar y juzgar delitos financieros adolecen de falta de personal e inexperiencia, así como de la creencia errónea de que sus propios cardenales y obispos son inmunes a las conductas delictivas, advirtieron evaluadores europeos.

La comisión Moneyval del Consejo de Europa emitió un largo reporte acerca del cumplimiento, por parte de la Santa Sede, de las normas internacionales contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. En general, los evaluadores dieron buena nota al Vaticano apuntando que cumple la mayoría de los estándares, tomó medidas para mejorar sus leyes y logró niveles efectivos de cooperación internacional.

Pero la comisión se quejó de que, en la última década, los fiscales del Vaticano solo han logrado llevar un puñado de casos de blanqueo ante los tribunales. El enorme tiempo que se necesita para lograr tanto una acusación como una condena demuestran un funcionamiento “modesto” del sistema judicial, añadió advirtiendo que las sentencias dictadas hasta la fecha fueron tan “mínimas” que no tuvieron valor disuasorio alguno.

En su aspecto más crítico, el reporte culpó a la Santa Sede de haber ignorado la posibilidad de que sus propios empleados pudieran estar abusando de sus cargos y del sistema financiero vaticano en beneficio propio. Su proceso de evaluación no podrá completarse hasta que el Vaticano lleve a cabo una “evaluación completa” de los riesgos que suponen las personas con información privilegiada y mejore la supervisión de sus propios empleados para detectar posibles delitos.

La Santa Sede dijo que agradeció el informe, “renueva su compromiso de seguir trabajando para lograr el pleno cumplimiento” y considerará cuidadosamente las recomendaciones de Moneyval.

El jefe de la autoridad de inteligencia financiera del Vaticano, Carmelo Barbagallo, destacó que pocos países reciben notas tan positivas y señaló que consideraba la ausencia de marcas de "baja efectividad" como un éxito.

El informe se emitió en el marco de una investigación criminal de dos años por una inversión de 350 millones de euros (425 millones de dólares) de la secretaría de Estado del Vaticano en un acuerdo inmobiliario en Londres que implicó a media docena de trabajadores de la institución y a un puñado de corredores italianos que están acusados de sacar a la Santa Sede decenas de millones de euros en tarifas.

Por el momento no se ha presentado cargos. La pesquisa destapó que funcionarios de alto nivel de la secretaría de Estado, entre ellos el papa Francisco, estaban al tanto del acuerdo y lo aprobaron, pero hasta la fecha no se sabe si están bajo investigación.

La evaluación de Moneyval terminó antes de que Francisco tomara medidas para abordar una de las principales lagunas señaladas por la comisión: que los cardenales y obispos hayan sido prácticamente inmunes ante el tribunal del Vaticano.

El 30 de abril, el pontífice anuló los obstáculos procesales y dejó claro que la fiscalía necesita solo su consentimiento para seguir adelante con las pesquisas contra cardenales y obispos.

El Vaticano se sometió al proceso de evaluación de Moneyval tras firmar el Acuerdo Monetario de la Unión Europea en 2009, en un intento por desterrar su imagen de paraíso fiscal turbio cuyo banco ha estado sumido en el escándalo durante muchos años.

Tras su primera evaluación in situ en 2012, el Vaticano recibió buenas calificaciones, pero en los siguientes reportes sobre su progreso se ha señalado repetidamente a sus fiscales por no presentar cargos en muchos de los casos de transacciones sospechosas.

En el reporte del miércoles, Moneyval repitió la queja apuntando que tanto la fiscalía como la oficina de la unidad de inteligencia financiera del Vaticano no tienen personal suficiente para abordar su carga de trabajo. Además, sus trabajadores no tienen experiencia en la investigación y enjuiciamiento de complicados delitos y transacciones financieras, agregó.