Por Tania L. Montalvo (@tanlmont) para Animal Político

La empresa de Fernando Cano Martínez, presunto prestanombres y mano derecha del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, siguió recibiendo contratos Gubernamental en México pese a que tanto en el País como en Estados Unidos se abrió una investigación por fraude y lavado de dinero.

Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, propiedad de Fernando Alejandro Cano Martínez,  fue embargada en octubre de 2012 durante el gobierno de Felipe Calderón por una investigación de la Procuraduría General de la República sobre presunta actividad vinculada a la delincuencia organizada. Pero en 2014 ya estaba recibiendo de nuevo contratos del Gobierno federal.

Esa empresa fue una de las principales contratistas durante el Gobierno en Tamaulipas de Tomás Yarrington (1999-2004) y recibió al menos 1,473 millones de pesos en contratos públicos.

Además de los señalamientos en México por presunta actividad delictiva, en mayo de 2013 en Estados Unidos se abrió un proceso legal contra Yarrington y Cano Martínez por fraude bancario, lavado de dinero y nexos con el crimen organizado a través de esta empresa.

La investigación que integró la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el Departamento de Seguridad Interna, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el Buró de Investigación Criminal (FBI) detalla que a través de esa empresa Cano Martínez  recibió contratos con el Gobierno estatal tras entregar sobornos a Yarrington. También, que actuó como su prestanombres y principal socio en la red de lavado de dinero y fraude que gestó el exgobernador.

Pese a ello, Materiales y Construcciones Villa de Aguayo continuó teniendo actividad comercial en México pues ya en la gestión de Enrique Peña Nieto el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, desestimó la investigación iniciada en el País en 2012. Y aunque existía la investigación estadounidense, los bienes embargados le fueron devueltos en el primer semestre de 2013.

Para el siguiente año, Materiales y Construcciones Villa de Aguayo ya estaba recibiendo contratos del gobierno federal.

En enero de 2014 firmó con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un contrato por 58 millones 448 mil 879 pesos para la modernización, obras de drenaje, pavimento y señalamiento de un tramo de la carretera La Paz – Ciudad Insurgentes en Baja California Sur.

Cuatro meses después, la SCT firmó con Materiales y Construcciones Villa de Aguayo un nuevo contrato por 81 millones 999 mil 850 pesos para realizar las mismas obras en otro tramo de esa misma carretera.

Ambos contratos se ganaron tras una licitación pública en la que la firma de Cano Martínez compitió en una propuesta conjunta con la Constructora Grupo Díaz Álvarez.

Un año después, en junio de 2015 el Fondo Nacional de Fomento al Turismo le entregó 101 millones de pesos por un contrato más para diversas obras en Playa Espíritu, Sinaloa.

La ejecución de esos tres contratos se llevó a cabo mientras tanto Tomás Yarrington como Fernando Alejandro Cano Martínez, dueño de la empresa, tenían un proceso abierto en Estados Unidos por fraude bancario de millones de dólares, lavado de dinero y narcotráfico.

Incluso Cano Martínez fue detenido en febrero pasado en Nuevo León, México, pero horas después fue liberado pese a la investigación que existe en su contra en Estados Unidos.