La justicia peruana inició un nuevo proceso contra el expresidente Alberto Fujimori por su presunta autoría mediata en el delito de lesiones seguidas de muerte de cinco mujeres y lesiones graves de otras 1,301 que fueron esterilizadas contra su voluntad entre 1990 y 2000.

El proceso judicial dirigido por el juez Rafael Martínez empieza tras 17 años de exigencias por parte de activistas por los derechos humanos y trabas en el pasado de la propia fiscalía, que archivó más de una vez las investigaciones.

El juicio es complejo y los defensores de las víctimas solicitaron la presencia de traductores de variantes del quechua, el idioma de los Andes, debido a que todas las afectadas son mujeres indígenas que hablan esa lengua.

Fujimori es acusado junto a otros miembros de su gobierno, entre ellos, su exministro Alejandro Aguinaga, candidato a legislador por el partido fujimorista Fuerza Popular en los comicios legislativos 2021-2026.

El nuevo fiscal del caso, Pablo Espinoza, afirma que las esterilizaciones fueron forzadas y se realizaron en condiciones insalubres y tienen casos de mujeres que fallecieron por infecciones tras ser esterilizadas.

Mientras gobernaba Perú, Fujimori anunció en 1995, en un congreso en China, que su gobierno emprendería un plan para que las peruanas pobres pudieran decidir el número de hijos que querían tener.

Luego de comenzar su aplicación, la prensa reportó la organización de campañas de ligaduras de trompas en las comunidades campesinas en las zonas altoandinas del país y empezó a recoger denuncias de mujeres que afirmaban haber sido esterilizadas sin su conocimiento.

“El Estado había manifestado su intención de esterilizar a todos los pobres, porque no hay agraviadas de otros sectores sociales”, dijo Espinoza mientras argumentaba su acusación.

La Defensoría del Pueblo constató que se realizaron más de 200,000 esterilizaciones y 22,000 vasectomías, aunque no se conoce los casos ejecutados bajo engaños. De ese universo más de 2,000 mujeres denunciaron después que fueron esterilizadas a la fuerza o sin recibir información adecuada.

Fujimori, de 82 años, cumple una condena de 25 años de cárcel por dos matanzas cometidas por militares en su gobierno (1990-2000). Tiene otras tres condenas, dos de ellas por corrupción.

El exmandatario no asiste al proceso y afirma mediante su defensa que no debe ser juzgado por este caso ya que, cuando fue extraditado desde Chile en 2007, no se incluyó esta acusación en el grupo de delitos por los que iba a ser juzgado.

El expresidente enfrenta además otro juicio por el asesinato de seis campesinos durante su gestión por parte de un escuadrón militar de la muerte.