La emergencia por el COVID-19 visibilizó aún más problemáticas sociales, económicas y culturales no resueltas en los entramados sociales de todos los países del mundo. Como resultado la mayor dificultad no estuvo dada por la aparición de una nueva enfermedad y de condiciones críticas, sino que radicó en la magnificación de los problemas preexistentes. En este marco, la desigualdad de género se vio recrudecida. 

La autonomía económica y física de las mujeres se ha visto afectada en la región –entre otras razones– por la pérdida de empleo, la precarización laboral en los periodos de confinamiento, el incremento la violencia en contextos domésticos y por la inelasticidad del tiempo de las mujeres que tuvieron que combinar sus vidas laborales con las tareas domésticas de cuidado y mantenimiento. La desigualdad entre los géneros es una realidad previa a la pandemia y priva a mujeres y niñas de derechos y oportunidades fundamentales. 

Si bien existen impulsos globales e iniciativas a gran escala por lograr esa igualdad, se requiere esfuerzos más enérgicos y activos en escalas más reducidas. Como organización no basta adherir al ODS 5 (Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas) o pronunciarse a favor de políticas o programas que tengan entre sus objetivos eliminar las brechas de género. En la respuesta frente a esta emergencia económica y social, deben estar los gobiernos, pero también todos los actores que forman parte de la sociedad, y es en este marco, donde la Responsabilidad Social Empresaria cobra protagonismo. 

Un trabajo invisibilizado

En un Informe especial sobre COVID 19 de CEPAL (CEPAL 2020 Nº 3), se advierte una caída del 5.3% del PBI y un aumento del desempleo de 3.4% en Latinoamérica, es decir que durante este año la pobreza aumentaría al menos 4.4% con respecto al año previo, alcanzado a un total de 214 millones de personas. En este marco, los mayores aumentos de la pobreza extrema se darían en México, Nicaragua y Ecuador, con escenarios desalentadores para Argentina y Brasil. Además, las desigualdades de género se acentúan en los hogares de menores ingresos, en estos la demanda de cuidados de personas a cargo es mayor dado que cuentan con un número más elevado de personas dependientes. 

Por tareas de cuidado nos referimos al trabajo de acompañamiento y apoyo de personas a cargo, sea permanente o temporaria, en el marco de vínculos de parentesco u otra afinidad, las cuales históricamente han recaído mayormente en las mujeres. Las tareas de mantenimiento son aquellas prácticas rutinarias, esenciales para la continuidad y el sostenimiento del ámbito doméstico (Clasificación de Actividades de uso del tiempo para América Latina 2015). Según la Comisión interamericana de mujeres de la OEA (En: COVID-19 en la vida de las mujeres, 2020) antes de la pandemia las mujeres en Latinoamérica destinaban a las actividades de trabajo doméstico y de cuidados entre 22 y 42 horas semanales, lo que se incrementó aún más en este contexto, acentuando otras desigualdades ya que es muy difícil mantener el distanciamiento social en viviendas precarias. Este tipo de trabajo, invisibilizado, es imprescindible. Inclusive cuando es un empleo formal recibe escasa remuneración y poca protección social. Para cuantificar estos cuidados no remunerados, en México, se estimó que el valor monetario de los cuidados de salud brindados en el hogar equivalía al 85,5% del valor de los servicios hospitalarios y que las mujeres aportaban con su trabajo un 72,2% de ese valor monetario (COVID 19 Respuesta, CEPAL abril 2020). 

Frente a esta situación, es crucial responder con acciones concretas desde distintos sectores. Un punto relevante será la presencia de las mujeres en puestos de toma de decisión en los espacios que se busquen implementar programas y políticas de cara al futuro. El sector privado es un socio clave en los esfuerzos de promoción de la igualdad y empoderamiento de la mujer. Aquí los Principios para el empoderamiento de las mujeres desarrollados por ONU Mujeres y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, pueden guiar con orientaciones prácticas sobre cómo empoderarlas en el lugar de trabajo, los mercados y la comunidad. Su fin es garantizar la inclusión de la dimensión de género en las empresas, lo que en el escenario actual permitiría posicionar a las mujeres como protagonistas clave de acciones para derribar la desigualdad.

Reunir las voces de las mujeres en la toma de decisiones ocasionará una mejor preparación y respuesta para enfrentar una crisis multidimensional para toda América: sanitaria, económica, social y política. Es necesario avanzar hacia una mayor corresponsabilidad entre hombres y mujeres y, para esto, hace falta formular políticas culturales, de uso del tiempo y económicas que apoyen un cambio de comportamiento y una redefinición de roles de género.

Los cuidados son un derecho. Partiendo de esta afirmación se deben formular acciones y garantizar políticas de conciliación del trabajo productivo y reproductivo. Esto puede traducirse en medidas especiales para el teletrabajo y licencias maternas, las cuales podrían extenderse para atender emergencias derivadas de situaciones como la pandemia actual. 

En suma, todo lo mencionado busca generar una reflexión global sobre la desigualdad de género, que nos lleve a pasar a la practica e implantar acciones socialmente responsables desde las empresas.