La #OperaciónEntregables, una investigación de Aristegui Noticias, exhibe que funcionarios de Sedesol y Sedatu, bajo el mando de Rosario Robles, simularon procesos legales para engañar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que indaga irregularidades por 7 mil 700 millones de pesos. 

El esquema de desvíos mediante la subcontratación con oficinas de gobierno y empresas fantasmas, expuesto como “La Estafa Maestra” por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en 2017, cerró su pinza con dicha operación, que consistió en fabricar expedientes y comprobantes conocidos como “entregables” para librar las auditorías.

Los documentos falsificados son la última pieza del entramado de corrupción que en las observaciones de la ASF equivalen a irregularidades por siete mil 700 millones de pesos entre 2011 y 2017, es decir, durante el final de la administración de Felipe Calderón y los primeros cinco años de Enrique Peña Nieto.

El armado de expedientes fue documentado en la gestión de Robles en las dos secretarías federales: Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

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CDMX.- El Gobierno Federal, a través de las Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), no sólo usó un esquema de subcontratación de universidades, organismos públicos y empresas fantasmas para desviar recursos públicos por alrededor de 7 mil 700 millones de pesos, sino que también simuló procesos legales para engañar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF). 

Una investigación de Aristegui Noticias revela que el engaño consistió en la fabricación de expedientes y comprobantes conocidos como “entregables”, durante el periodo en que Rosario Robles estuvo a cargo de la Sedesol y al frente de la Sedatu, desde donde actualmente despacha.
 
Al tratarse de compañías y asociaciones fachadas, los expedientes tuvieron que ser armados para poder comprobar que esas obras, servicios o productos sí se hicieron o entregaron. Dicha tarea fue encomendada a funcionarios a cargo de Robles, entre 2011 y 2017, quienes no sólo coordinaron las empresas fantasma, sino que también se encargaron de la contratación, pagos y armado de expedientes e incluso engañaron a los auditores que buscaban pistas. 

La investigación tira la versión oficial sobre que las dependencias federales no tuvieron contacto con las firmas subcontratadas y que nunca hubo una operación para desviar recursos.

ROSARIO AL MANDO

Robles encargó la misión a sus más cercanos colaboradores: Emilio Zebadúa, exoficial mayor de Sedesol y actual de Sedatu; así como a Rocío Gómez Bolaños y Ramón Sosamontes Herreramoro, jefa de Comunicación Social y jefe de Oficina también de Sedatu, respectivamente. 

Los tres operan bajo la dirección de Claudia Gabriela Morones Sánchez, contadora pública que trabajó en Sedesol, Sedatu y en la ASF. 

Y aunque en 2016 Morones dejó la nómina federal, siguió en contacto con las dependencias a través de prestación de servicios: “asesoría en el pago a proveedores”, “coordinación de recursos financieros y materiales para el aprovechamiento de los recursos disponibles”. 

También es comisaria de la empresa Factores y Servicios Humanos Lizpog, entre cuyos accionistas están Lizette Prado Ordoñez y Lizette Chávez Zaragoza. La primera es hermana de Enrique Prado Ordoñez, actual director de Adquisiciones y Contratos de Sedatu, cargo que también ocupó en Sedesol entre 2013 y 2015.

Como intermediario está el despacho Almeva SA de CV, propiedad de Alejandro Ortiz Monasterio de Noriega, enlace entre las dependencias y las empresas o asociaciones civiles que cobran por trabajos y servicios no realizados.
 
Sin embargo, Morones es la cabeza central de la falsificación de los “entregables”, por ejemplo, en 2016 la Sedatu contrató a la Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQROO) para compras públicas por 97.1 millones de pesos, pese a que no tenía capacidad para ello. 

La investigación detalla que la UPQROO contrató a ocho proveedores para realizar el trabajo, pero la ASF detectó anomalías en esas empresas, “tres no fueron localizadas en sus domicilios fiscales, cuatro no pagaron impuestos ante Hacienda; la representante legal de una firma era funcionaria de la universidad, mientras que el rector (…) abrió la cuenta de la empresa que recibió y administró el dinero”. 

Y su vez, cada empresa subcontrató a otras firmas para realizar los trabajos, pero cada una de ellas tenía como representante legal al exrector de la UPQROO.

Las evidencias las obtuvo el equipo de Aristegui en correos electrónicos. El 8 de noviembre de 2016, a las 12:37, Morones mandó un mensaje a David Guerrero Sesma, en el que le señalaba el pago a tres empresas, sin embargo esta comunicación carece de justificación “porque oficialmente la universidad se encargó de subcontratar y pagar el dinero de manera independiente, sin intervención de funcionarios federales”. 

Otra evidencia es el correo enviado el 14 de noviembre de 2016, cuando empleados del despacho Almeva enviaron un mensaje a funcionarios de la UPQROO: “como lo conversamos, te anexo la factura FA-54 de MARS, Integradores de  Telecomunicaciones e Informática para la UPQRoo sobre el proyecto de capacitación con José Luis y Omar, así como la documentación legal de la empresa”.

En el correo iban adjuntas actas constitutivas de la empresa y copia de sus cuentas bancarias, entre otros documentos.

OPERAN EN ‘BUNKERS’

Dos fuentes anónimas consultadas por Aristegui Noticias revelaron que la entrega y armado de expedientes se hacen desde tres domicilios de la Ciudad de México, que operan como búnkeres, pues cuentan con seguridad privada.

A esos lugares llegaron rectores de universidades, abogados, contadores y directores de organismos públicos, todos contratados por Sedesol y Sedatu, pero que nunca realizaron trabajos pese a habérseles pagado por ello. 

En esos tres domicilios se fabricaron las actas constitutivas de empresas, facturas de los trabajos simulados, contratos de servicios, así como “entregables” o comprobantes entregados en papel, memorias USB y en discos compactos.

Dichos “búnkeres”, según detectó el equipo de investigación, son rentados y se ubican en la colonia Anzures, de la delegación Miguel Hidalgo; en colonia del Valle Centro de la delegación Benito Juárez y en colonia Roma, en la delegación Cuauhtémoc.

A principio de 2018, una de las fuentes reveló a Aristegui el mecanismo de simulación de contratos y entregó pruebas, las cuales fueron verificadas. 

“La operación para desaparecer dinero público funcionó sin ningún problema con Rosario Robles al frente de Sedesol (2012-2015) y Sedatu (2015 a la fecha)”, indica el reportaje según información de la fuente. Añade que cuando las irregularidades fueron detectadas y empezaron a surgir investigaciones periodísticas, fue que el equipo de Robles inició la operación para comprobar los gastos.

“Muy apurados para contar con su documentos de probanza ante la Auditoría (…) reclamando incluso, y una funcionaria de Sedatu a su cargo, instruyendo y dando todas las instrucciones de cómo se debe operar, qué se va a firmar, qué se va a decir”, indica.

Esta operación no habría sido posible sin el apoyo de Almeva, quien ayudó en la fabricación de facturas y comprobantes de servicios no realizados, para que se hicieran fuera de los organismos o las universidades. 

Entre las instituciones educativas que se prestaron a la simulación están: la Autónoma de Morelos, del Estado de México, de Sinaloa, de Nayarit, así como las Politécnicas de Chiapas y Quintana Roo, entre otras más.

LA OPERADORA CENTRAL 

Claudia Morones operaba en las oficinas de la colonia Nueva Anzures donde laboraban 30 personas. Según las fuentes, los rectores, abogados y contadores de universidades hasta tenían que hacer fila para ser atendidos.

Desde esas instalaciones se crearon los “entregables” de las adjudicaciones, por ejemplo la lista de asistencia a un curso pagado con recursos federales, pero que nunca se hizo, los supuestos beneficiarios fueron servidores públicos universitarios.

Una de las fuentes de Aristegui Noticias fue un funcionario universitario, citado en la oficina de la colonia Anzures, quien prefirió el anonimato. 

Según él, “todo el material era fabricado fuera de las universidades, sin la participación directa de ningún proveedor o empresa fantasma”. 

Detalla que acudió al búnker junto con el rector de su institución “para completar los expediente de contrataciones que no realizaron”.

LA NEGATIVA DE ROBLES 

Aunque el desvío ha sido documentado por la ASF e investigaciones periodísticas, Rosario Robles Berlanga ha negado rotundamente que las dependencias a su cargo hayan participado en ello. 

Incluso en una entrevista con José Cárdenas y Leo Zuckerman, la funcionaria federal aseveró que la Sedesol y Sedatu no tuvieron contacto con las empresas fantasma y hasta señaló a las universidades contratadas de ser las posibles responsables.

Robles también dijo, en una entrevista con Fernando del Collado, que “si me enseñas un contrato de Sedesol o Sedatu con alguna de esas empresas, en ese momento yo renuncio a mi carácter de secretaria de estado”. 

El esquema de desvío de recursos públicos fue documentado desde 2011 por la Auditoría Superior de la Federación. 

Investigaciones periodísticas contribuyeron con trabajos como La Estafa Maestra. 

La operación consiste en perder la pista de dinero público a través de la subcontratación de obras y servicios. 

Todo inicia en dependencias federales, desde donde se contrata a otras oficinas de gobierno y hasta universidades. 

Estos subcontratan a otras empresas (fantasmas) y éstas a su vez subdividen las tareas y contratos para que sean más difíciles de ubicar. 

Tras detectarse las anomalías, se crearon soportes legales para poder ser corroboradas ante la ASF.

¿QUÉ SON LOS ENTREGABLES?

Se trata de documentos o reportes que comprueban que un trabajo se realizó.
En el caso de empresas contratadas por el gobierno, son un requisito indispensable que deben cumplir para recibir su pago.

(Con información de Aristegui Noticias)