Los nuevoleoneses -algunos de ellos, por lo menos- parecen empeñados en mantenerse en la cresta de la ola mediática nacional a cualquier precio… incluido el del ridículo.

Hace un par de semanas comentamos en este espacio el desatino de los legisladores de la vecina entidad al rechazar groseramente la propuesta del académico Eduardo Román González para encabezar la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León (por cierto, en la semana lo volvieron a hacer y rechazaron la segunda candidatura para el cargo -de la también académica Magda Yadira Robles Garza- aunque ahora la estulticia se concentró en el ala tricolor del Poder Legislativo).

Como si de una competencia exótica se tratara, otro cuerpo colegiado de elección popular -el Cabildo del municipio de San Pedro Garza García- decidió, a propuesta de quien lo encabeza, el folclórico alcalde Mauricio Fernández, declarar “persona non grata” al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, el magistrado Carlos Arenas Bátiz.
¿La razón de tan grave decisión? Los ediles sampetrinos coincidieron con su líder en un razonamiento incontrovertible: si unos presuntos delincuentes habían sido arrestados, y se encontraban “confesos”, dictarles sentencia y señalar el número de años en prisión a los cuales se le condenaba era sólo un formulismo, un mero trámite.

Lejos de tal posibilidad, el juez de la causa decretó la libertad de los cuatro individuos a quienes se arrestó como presuntos responsables del secuestro y asesinato de un empresario del municipio gobernado por Fernández Garza.
El hecho reclamado -el secuestro y homicidio de un ser humano- constituye sin duda un suceso grave y la indignación colectiva se encuentra absolutamente justificada, así como el reclamo de actuación contundente por parte de las instituciones públicas.

Las autoridades -todas-, así como los ciudadanos, no pueden sino colocarse del lado de los deudos y demandar la impartición de justicia, demanda cuya satisfacción sólo puede darse con la captura de los responsables de los hechos, su sometimiento a juicio y la consecuente imposición de la pena establecida por la legislación penal.

Sólo un requisito debe cumplirse de forma estricta en ese trayecto: el pleno respecto de los derechos de los imputados, pues sólo de esa forma puede garantizarse la administración de justicia. Apartarse de ese camino, además de pervertir el sistema judicial, nos aleja a todos de la posibilidad de construir una sociedad realmente justa.
Y en ese camino existe un principio clave: el de presunción de inocencia.

De espaldas a esta posibilidad, para Mauricio Fernández y su Cabildo (el adjetivo posesivo resulta, en casos como éste, absolutamente preciso, pues los ediles actúan así: como si fueran “del alcalde”) la sentencia ya había sido dictada y los individuos arrestados por los delitos señalados no debían ser tratados como “presuntos responsables”, sino como “presuntos culpables”.

Desde la óptica torcida del edil, una persona detenida por la presunta comisión de un delito debe esforzarse por demostrar su inocencia y no al revés, sobre todo si al arresto le siguió la confesión de culpabilidad.

Ignoro los detalles del caso. No he tenido acceso al expediente y por ende me encuentro imposibilitado para opinar sobre el mismo. Sin embargo, esta claro para mi -como para cualquier persona medianamente versada en cuestiones jurídicas- el exceso retórico -e histriónico- representado en el hecho de declarar “persona non grata” al titular del Poder Judicial de un Estado a partir de no compartir un fallo basado en argumentos jurídicos.

El exceso, por cierto, no floreció solamente en el cabildo sampetrino. También tuvo réplicas en el recinto legislativo donde, sus más prominentes integrantes, a saber los coordinadores de las bancadas del PAN y el PRI, decidieron hacer una tregua en su particular empeño por demoler la Comisión de Derechos Humanos de aquella entidad, para manifestarse en abierta solidaridad con Fernández Garza y compañía.

¿Cuál es el significado, por cierto, de la declaración emitida por el Cabildo de San Pedro? ¿Cuál es su trascendencia? ¿Cuál su repercusión concreta?

A menos que en las últimas horas el municipio en cuestión se hubiera declarado república independiente, el hecho no trasciende más allá de ofrecer a los ciudadanos nuevas y contundentes evidencias de cómo el cretinismo puede institucionalizarse en los órganos del poder popular.

Incapaces de una manifestación de lucidez -ya no digamos de elegancia discursiva- los integrantes del Cabildo sampetrino dejaron claro el límite de sus capacidades neuronales: tras abrir la boca sólo pueden largar una oda a la imbecilidad.

Pero bueno: ya mejor me callo… No vayamos a provocar alguna otra declaración de proscripción por parte de sus majestades serenísimas…

¡Feliz fin de semana!

carredondo@vanguardia.com.mx

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