Siete son los periodistas asesinados en este año.

Los asesinatos han ocurrido en Veracruz, Chihuahua, Guerrero, Morelos, Baja California, Jalisco y Sinaloa.

El gobierno ha ofrecido incrementar la seguridad en torno a los medios de comunicación y a quienes ejercen el periodismo.

De 1992 a 2000 se estima ocurrieron 153 crímenes contra periodistas. De 2000 a la fecha, de acuerdo a los registros de la FEADLE han ocurrido 114, además que de 2010 a la fecha se han denunciado 798 ilícitos contra el gremio. Según datos de la propia fiscalía, sólo se han resuelto tres, el resto permanece sin sanción.

Un alto número se atribuye a narcotraficantes, quienes además en muchos de los casos han cooptado y amenazado periodistas, a fin de que escriban favorablemente hacia ellos. La estrategia de protección del gremio periodístico de parte de las autoridades no ha funcionado, no arroja resultados visibles y lo que es peor, la justicia solo existe en 2.64% de los casos.

En los 7 referidos, se trata de periodistas honestos, cuya labor ha sido una permanente crítica contra la delincuencia, el narco y las autoridades omisas o involucradas. La seguridad que supuestamente el Estado brindaría ha sido nula y las víctimas siguen.

La manera eficiente que ha dado resultados en otros países, donde los ciudadanos disfrutan sus ciudades, trabajan, pasean y ocupan su tiempo libre, sin temor y sin miedo ha sido combatiendo la impunidad y la corrupción.

Son frecuentes los relatos de víctimas de la delincuencia organizada que afirman que los policías coparticiparon. Los países seguros han abatido la impunidad, han castigado a los responsables y han generado condiciones de libertad para el ejercicio periodístico. México no lo ha hecho.

Ni los periodistas ni los ciudadanos queremos seguridad especial, el clamor es uno solo: poner fin a la impunidad y a la corrupción policial, ministerial y judicial hoy en aumento.

Ante este clamor el gobierno sólo responde negando la realidad. La información proveniente de Inglaterra respecto de los homicidios ocurridos en 2016 es cierta, eso es lo relevante, ya que las autoridades solo niegan esa verdad, en vez de esforzarse en esclarecer los delitos y capturar a los responsables.

En las denuncias contra policías, así como contra fiscales y jueces, no existe una respuesta eficaz del Estado.

¿A dónde conduce este camino? ¿Se desea la sumisión abyecta del periodismo? ¿Pretenden cancelar las libertades por obra y gracia de lo que hoy ya es un Estado paralelo que comparten narcos y políticos?
La investigación y resolución de los crímenes es la única solución para que la seguridad exista. El Estado de Derecho se ha debilitado con la narcopolítica. Doce gobernadores se encuentran en la mira de investigaciones de EU y México por sus nexos con el narcotráfico y un procurador se encuentra detenido por detentar una cuenta con 260 millones de dólares.

Habrá que decirle al gobierno federal, gobernadores, políticos y a los partidos que es imposible vivir con temor y con miedo. El periodismo debe ser libre y sin ataduras, con la garantía de respeto del Estado. Es el mandato constitucional que pedimos se aplique.

¿Así piensan que va a poder sentarse México a negociar el TLC? ¿Es que acaso empresas extranjeras invertirán en sociedad con los huachicoleros? ¿Cómo pretenden que el aguacate sea competitivo cuando debe pagar el piso y el paso? ¿A quién le interesa la economía creciente con números positivos, si los ciudadanos estarán muertos?

El gobierno debe actuar ya, aún hay tiempo; que los asesinatos de Cecilio Pineda Brito, Ricardo Monlui, Miroslava Breach, Maximino Rodríguez, Filiberto Álvarez, Javier Valdez, Sonia Cordova y tantos otros no se conviertan en una estadística de la impunidad. México debe ser un país de leyes.

Todos tenemos derecho a vivir con garantías y libertades.