Uno de los temas actuales que ha tomado un lugar preponderante en la agenda económica nacional es el de las pensiones, principalmente por su impacto tanto en el presente como en el futuro de la economía de México. Sólo el 30% de los mexicanos que trabajan aspiran a un esquema pensionario-jubilatorio. Del 100% de los trabajadores, 52% están en el sector informal y no tienen derecho y 18% no alcanzan el número de semanas cotizadas o hay algún otro problema. Sin cambios radicales y dolorosos, los empleados de hoy tendrán una vejez terrible en el futuro.

Los cambios realizados, más que una reforma, son una adecuación parcial que deja mucho que desear para todos los agentes económicos involucrados. El hecho de que la carga económica completa fuera dejada a los empresarios da muestra de este hecho. Para poder entender las consecuencias económicas de estas acciones es necesario analizarlas con un poco más de detalle.

El gobierno federal, en estos ajustes, no contribuye proporcionalmente a las pensiones de los trabajadores, sino que únicamente completará la pensión garantizada (4 mil 345 pesos), para aquellos que no la alcancen. Actualmente los promedios de ingresos pensionarios rondan los 3 mil 289 pesos y en este sector tendrá que apoyar fuertemente a muchos trabajadores con poca cantidad. Los trabajadores más beneficiados serán los que ganan un salario mínimo, ya que prácticamente se jubilarán con ese monto. Los que ganan cinco salarios mínimos podrán tener garantizada una pensión del 54% de ese ingreso. Todo esto está muy bien, pero la responsabilidad recayó totalmente en los empresarios y su capacidad económica.  Serán éstos los que tengan que hacer cualquier cosa para poder seguir adelante en épocas tan difíciles como la actual. Eso sí, se les dio un plazo de dos años para poder empezar a hacer sus contribuciones a una tasa de crecimiento anual de 1% hasta llegar a un 13.87%, de un 5.15% actual. Es aumento detonará varias situaciones económicas que no se han mencionado todavía.

El primer hecho es que aumentarán los costos empresariales sin lugar a dudas y estos serán trasladados a la economía mediante dos vías. Por un lado, el empresario podrá aumentar sus precios a los consumidores, siendo éstos quienes realmente paguen el aumento pensionario. Se generará por consecuencia inflación y desempleo, lo que cambiará el nivel de equilibrio de la economía nacional. Así pasaremos de una inflación promedio de entre 3 y 5% a una entre 5 y 7%, cómo Brasil. También tendrán la opción de despedir trabajadores para bajar costos y poder cubrir el aumento de las cuotas. El desempleo se moverá de 4% en promedio a 5 o 6% en promedio. Por otro lado, puede ser que el empresario prefiera no subir los precios para mantener su competitividad en el mercado, y en su lugar reduzca los sueldos para ajustar el incremento de sus obligaciones como patrón. La consecuencia es una reducción en el salario real del trabajador, disminuyendo la capacidad de compra y el nivel de equilibrio del mercado en el largo plazo.

Estos cambios no son suficientes para llevar las pensiones a un nivel de reemplazo más allá del 50% (porcentaje de su sueldo que recibirá un trabajador como pensión o jubilación). El objetivo del gobierno es llegar a un 70% cuando menos hacia el final del presente sexenio, que bajo la actual circunstancia sanitaria, será muy complicado. Los empresarios ya están teniendo una carga fiscal y social muy elevada y pedirles una contribución mayor será difícil. Y aquí es donde viene uno de los mayores problemas, hacer que el gobierno o los empleados contribuyan con un mayor porcentaje.

El gobierno actual tiene poco margen de maniobra, sobre todo el año siguiente por la caída que tendrán los ingresos fiscales por la actual contingencia sanitaria. Además, el petróleo rondará los 40 dólares, reduciendo los potenciales ingresos. Con lo anterior no habrá posibilidad de que contribuya más a las pensiones y serán los trabajadores los que vean aumentar su participación en este rubro. El trabajador que hoy aporta sólo el 1.125% de su sueldo, tendría que pagar un 5 o 6% como es en otros países con economías similares a la de México como Brasil o Chile. Caso contrario, volveríamos a tener “otra reforma” en 24 años que parece ser el promedio de tiempo requerido para hacer ajustes.

Sin embargo, esta última opción tampoco luce posible ante la actual situación económica que vive el país por la pandemia. De acuerdo a la encuesta de “COVID-19 y mercado laboral” realizada por el Inegi el mes pasado, el 46.1% de la población (que en el momento de la entrevista laboraban) vieron disminuir su ingreso, casi el 50% del personal que labora gana menos que a inicios del año. Con este dato es más difícil poder pronosticar una mayor aportación vía ingreso del trabajador si apenas y le alcanzará para hacer frente a sus necesidades más básicas. Ahora, se ha dejado abierta la posibilidad de que haya por parte del trabajador contribuciones personales deducibles de impuestos. Pero al parecer serán los sindicatos los que capitalicen este hecho y en los contratos colectivos se estipule como parte de las prestaciones que la empresa o el patrón tengan una participación “extra” hacia las pensiones. Por la vía que sea, la carga regresa nuevamente al empresariado.

Cualquier cambio realizado tendrá consecuencias económicas importantes y transformará la economía nacional, para bien o para mal. Si este año el decrecimiento económico alcanza un -10%, los cambios a las pensiones se habrán esfumado, a no ser que alguien tenga otros datos.

Dr. Antonio Serrano Camarena
Facultad de Economía, UADEC
faserrano@hotmail.com