Durante la jornada de hoy, el Congreso del Estado discutirá, y eventualmente aprobará, la Nueva Ley de Pensiones para los trabajadores de la educación, es decir, fundamentalmente para quienes pueblan la nómina magisterial dentro de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, aunque de éste también se benefician empleados de las universidades Antonio Narro y Autónoma de Coahuila.

De aprobarse el proyecto que ha sido discutido en comisiones —tras haber sido remitido por el Ejecutivo Estatal—, el magisterio coahuilense contará con un nuevo marco jurídico a través del cual se buscará resolver el problema de viabilidad de ese sistema pensionario.

El diagnóstico se ha mencionado en tantas ocasiones que ya no hace falta repetirlo: el sistema pensionario del magisterio coahuilense —al igual que casi cualquier otro que tenga sus mismas características— se encuentra quebrado. Sin embargo, vale la pena resaltar la cifra relevante que acompaña al diagnóstico: el pasivo contingente de dicho sistema suma 29 mil millones de pesos a la fecha.

Las nuevas reglas, según se ha informado, prevén un incremento gradual —de aquí al año 2023— en las aportaciones que a dicho fondo hacen tanto los trabajadores de la educación como el Estado.

De acuerdo con los datos específicos, cuando se consolide la nueva estructura de aportaciones, entre patrón y trabajadores estarían aportando, mensualmente, el equivalente a poco más del 76 por ciento del salario de cada empleado.

De acuerdo con el planteamiento actual, eso debería bastar para que el fondo adquiera estabilidad y recupere la viabilidad económica. No hace falta ser actuario, sin embargo, para tener claro que el nuevo esquema tan sólo retrasará poco más de un sexenio la siguiente crisis de liquidez del sistema pensionario del magisterio.

¿Por qué? Porque incluso si por cada trabajador se aportara el equivalente al 100 por ciento de su salario, la única forma de que ese dinero alcance para sostener el esquema pensionario —tal como se encuentra actualmente— es que cada jubilado cobrara única y exclusivamente el dinero que aportó durante su etapa activa. Y eso, considerando que los gastos de administración del fondo se paguen con los intereses generados por el dinero depositado en instrumentos de inversión.

La realidad es muy distinta, sobre todo porque el magisterio coahuilense ha diseñado una serie de “trampas” que implican expoliar su propio sistema de pensiones. La más común de ellas es el “ascenso” de un trabajador próximo a jubilarse para que durante su último año de servicio ocupe la plaza con el más alto salario, de tal forma que éste sirva de base para el cálculo de su pensión.

Por ello, aún cuando la nueva legislación en materia de pensiones y otros beneficios se venda hoy como una solución “definitiva”, lo cierto es que se trata sólo de un placebo que diferirá algunos años la crisis.